La querella ha sido anunciada tras un año de investigaciones y acusa a la empresa que dirige Sundar Pichai de haberse servido de actuaciones ilegales para ocupar una situación de dominio en el mercado y prevenir el acceso de sus competidores (como Yahoo, Bing y DuckDuckGo) a los principales canales de distribución.

El fiscal adjunto del Departamento de Justicia, Jeffrey Rosen, ha explicado en rueda de prensa telefónica que la demanda subraya que Google sustenta su papel de "principal guardián de acceso" a Internet a través de "una red ilegal de acuerdos exclusivos que daña a los competidores".

Entre ellos ha citado el pago de miles de millones de dólares a Apple para situar el motor de búsqueda de Google como el básico en sus teléfonos iPhones, y la prohibición de integrar motores de competidores mediante contratos especiales.

Con estas prácticas, ha agregado Rosen, la compañía "ha ahogado la innovación y la creación de nuevos Google".

El gigante tecnológico, subsidiaria de Alphabet y con sede en Mountain View (California), controla cerca del 80% de las búsquedas en ordenadores en EE.UU., el 90% en móviles y tabletas, y es, junto a Facebook, el principal dominador del mercado publicitario en Internet.

La batalla legal podría prolongarse durante años, dado el gran músculo financiero de la compañía, fundada en 1998 en Silicon Valley y que es una de las tecnológicas de referencia que han creado el mercado digital global. 

Por su parte, Google ha asegurado que la demanda contiene "muchos defectos" y se basa en "argumentos antimonopolio dudosos" en relación a su estrategia comercial para dar al buscador un lugar preeminente en teléfonos, ordenadores y otros dispositivos.

En los últimos años, los gigantes tecnológicos se han enfrentado a las críticas de diferentes gobiernos y bloques, como la Unión Europea (UE), debido a la cantidad de poder que acumulan, los desorbitados beneficios que obtienen y los bajos impuestos que tributan.

Otros grandes conglomerados digitales como Facebook, Apple o Amazon están siendo objeto de investigación por los reguladores y legisladores, preocupados por posibles casos de abuso de poder.