El nutrido grupo partió desde la Estatua del General António Duvergé en la Avenida Mirador Sur hasta llegar a la Calle Juan de Dios Ventura Simó en el Centro de los Héroes, donde dieron lectura a un manifiesto donde detallaron sus exigencias al gobierno el cual entregaron a la Ministro de La Mujer, Mayra Jiménez quien se comprometió a tramitar y gestionar ante el Estado cada una de las acciones presentadas.

“Mientras hayan temas de los derechos humanos de las mujeres pendientes, nunca nos vamos a rendir. Nunca vamos a renunciar al derecho que tenemos las mujeres a decidir, por ejemplo entre vivir o morir”, dijo Jiménez.

Parte del manifiesto

En la lectura de un documento de cuatro páginas, un grupo de damas proclamó en esencia el propósito de su caminata:

“Marchamos para avanzar hacia una sociedad justa y protectora de derechos, en donde el origen nacional no sea un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Urge el cese de la práctica racista y xenófoba hacia las mujeres migrantes de ascendencia haitiana.

Marchamos para exigir sanciones a las y los funcionarios del Estado, que desde el ejercicio de sus funciones, lejos de combatir la violencia basada en género, contribuyen a normalizar las desigualdades que conducen a la discriminación y violencias contra mujeres.

Marchamos porque es necesario un cambio cultural que tienda al reconocimiento y la valoración de las mujeres, sus cuerpos, sus vidas, su trabajo, sus esfuerzos, su proyección social. Marchamos una vez más, en conmemoración del horrible crimen de estado, que le quitó la vida a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal”, expresaron entre otros temas.

En el manifiesto también reclamaron la despenalización del aborto en las tres causales en el Código Penal, aprobar el proyecto de ley orgánica integral para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas; sanciones ejemplificadoras para los agresores, por parte del sistema de justicia.

Además de una atención oportuna y de calidad a las sobrevivientes de violencia y que se incluya en el Código Penal la orientación sexual e identidad de género como causal de discriminación y que el Estado proteja a la población LGTBIQ+.