Juan Antonio Fernández Fernández deberá cumplir una condena de 20 años de reclusión mayor por el caso con el que la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago desarticularon las operaciones del Night Club Casa Blanca. El informe señala que al momento de las actuaciones del Ministerio Público, se explotaba sexualmente a unas 45 mujeres víctimas de este flagelo.
Además, Fernández Fernández deberá pagar una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$14,000,000 en favor de dos de las víctimas.
La imputada Grismelda Acarilis Merejo Salas deberá cumplir 15 años de prisión y pagar 175 salarios mínimos; María Magdalena Bautista Bautista fue sentenciada a 10 años de cárcel y el pago de 50 salarios mínimos
Mientras, Jolvert José Ramírez y Jairo Rafael Correa deberán cumplir penas de 7 años de cárcel, así como el pago de 75 salarios mínimos.
El grupo delictivo recibió sentencia por haber subsumido su conducta en la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras Sustancias Controladas y otras Infracciones graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El Ministerio Público dijo que presentó pruebas de diferentes naturalezas que le permitieron probar que los miembros de la desarticulada organización criminal se dedicaban a captar, transportar, trasladar, receptar y acoger a mujeres en extremadas condiciones de vulnerabilidad de países como Colombia y Venezuela.
Las mujeres eran explotadas sexualmente, además, de ser sometidas a condiciones de coacción y amenazas, afectando la dignidad de estas víctimas, para lucrarse con su explotación.
Al dictar la sentencia, el tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Castillo, presidente, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, enfatizó la gravedad de la trata de personas, y la importancia de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de este delito.