Si se deja acercar mucho la fecha de los comicios previstos para  febrero y mayo del 2024, del nivel municipal, presidencial y congresual, sin al menos decidir los temas ni apoderar al Congreso Nacional de una propuesta legislativa, la reforma podría resultar más traumática que mantener intactas las leyes.

Hace siete meses que la Junta Central Electoral (JCE) presentó a los partidos una  propuesta de reforma a la ley 33-18, de partidos, y de la ley 15-19, de régimen electoral.   

Aunque parece haber un consenso en la necesidad de una modificación de esas leyes, a la velocidad que van las discusiones entre los actores políticos y electorales, no se vislumbra su aprobación en una fecha cercana.  

Faltan dos años  para las elecciones del nivel municipal, establecidas en la Constitución para el tercer domingo de febrero, y dos años y tres meses para las presidenciales y congresuales, que serán el tercer domingo de mayo de 2024. A las discusiones sobre la reforma electoral se suma la propuesta de modificación a la Carta Magna que presentó el Poder Ejecutivo, con un punto que impacta lo electoral.

Se ha sugerido variar el texto constitucional para separar las elecciones municipales de las presidenciales y congresuales.  Es otro elemento que retrasaría la posible modificación. En ese aspecto no se percibe un consenso entre las fuerzas políticas y desde ya está provocando un ruido. Los niveles de elección fueron separados con la reforma a la Constitución del 2010.

Mesa temática

El 11 de enero  iniciaron  las discusiones en la mesa temática de reforma electoral, que forma parte del diálogo  que impulsa el gobierno, a través del Consejo Económico y Social (CES).  No se ha notado mucho avance  en las 5 sesiones que se han realizado. El debate lleva poco más de dos meses, teniendo como escenario la sede de la  JCE, y como referencia la ambiciosa propuesta de la JCE el 25 de agosto del 2021.

Toda reforma legal es necesario debatirla sin prisa, más ahora, que concierne a las leyes del régimen electoral y de partidos, que por la premura con que fueron aprobadas en el 2018 y 2019,  incluyeron disposiciones que, no solo generaron trauma en su aplicación en los comicios del 2020, sino  que también fueron atacadas ante el Tribunal Constitucional, que anuló varios textos.

Hay aspectos que ameritan más urgencia que otros. Por ejemplo, la JCE ha propuesto suprimir la obligación que le confiere el artículo 46 de la ley 33-18 de organizar las primarias de los partidos,  en las que escogen a sus candidatos.

Ese es un punto que  debe decidirse sin demora, pues la misma ley establece que las primarias deben celebrarse a más tardar el primer domingo de octubre del año preelectoral. De quitársele la responsabilidad a la JCE de organizar esos eventos, se mantendría comoquiera  con la función de la supervisión y dar apoyo logístico.

Al examinar los resultados  de los encuentros de la mesa temática de la reforma electoral, más que avance en aspectos puntuales lo que ha habido es preocupación y escepticismo. Según  publicaron medios de comunicación, en la sesión del martes 8 de febrero, se comenzó con la lectura de 20 artículos de la propuesta de modificación de la ley 15-19, pero fue aplazado para conocer las posiciones de los participantes para recoger el consenso o disenso, hasta que los representantes de los partidos lo discutan con las autoridades de sus respectivas organizaciones.

SEPA MÁS

La propuesta

La JCE sugiere, entre otros aspectos,  la eliminación del voto preferencial en el nivel municipal, a fin de que  los regidores y vocales sean electos en listas cerradas.

Propone incluir el principio de igualdad, a fin de establecer el sistema de representación en las candidaturas plurinominales de 50 por ciento para mujeres y hombres. Con ello plantea modificar la cuota de género de entre un 40 a un 60 por ciento.