Por la “negativa, resistencia y renuencia” de Surún Hernández con los auditores de la entidad fiscalizadora, esta solicitó el auxilio de la fuerza pública y de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca) para incautar las documentaciones que sean necesarias para la auditoría del gremio de los togados.

El pasado 15 de noviembre, Hernández interpuso una acción en Conflicto de Competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la Cámara de Cuentas con el objetivo de que el máximo tribunal determine qué organismo tiene competencia para auditar el gremio.

A lo largo de su resistencia a ser auditado, Surún Hernández ha manifestado que la Cámara de Cuentas no tiene facultad de auditar el Colegio de Abogados, bajo el alegato de que ese organismo no recibe fondos públicos.