Durante su intervención los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reafirmaron que el Ministerio Público ha demostrado, en base a pruebas, que Odebrecht sobornó con US$92 millones a funcionarios para ser beneficiada con obras de infraestructura.

Por este caso de corrupción están acusados en el juicio de fondo el empresario Ángel Rondón Rijo; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno; también Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa; Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado, y Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal.

Les imputan haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país con el fin de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.