Estas medidas responden a estrategias preparadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para guiar la respuesta estatal durante la pandemia del COVID-19, que establece que las autoridades de países con transmisión comunitaria como República Dominicana, adopten, entre otras cosas, el distanciamiento físico y restricciones de movimiento.
Con esta acción, de acuerdo con los decretos, las autoridades buscan limitar el contacto entre personas para reducir la mortalidad y la curva de contagio de la enfermedad, y aliviar la presión de los servicios de atención médica.
El 19 de marzo de 2020 mediante el decreto 134-20 se declaró estado de emergencia en el país. Más adelante el 20 de julio de 2020, luego de haber estado suspendido por 20 días, mediante el decreto número 265-20 el Poder Ejecutivo declaró nuevamente el territorio nacional en estado de emergencia. La medida se ha mantenido a lo largo del año con prórrogas.
La última vez que el Poder Ejecutivo lo prorrogó fue por 45 días, a partir del 2 de marzo, mediante el decreto 95-21, en virtud de las respectivas autorizaciones dadas por el Congreso Nacional a través de sus resoluciones número 70-20 y 11-21.
Plan de vacunación
Entre tanto, el Plan Nacional Vacúnate RD ha vacunado hasta el momento a alrededor de 700 mil personas y tiene planificado continuar avanzando con el personal docente y sanitario, tanto en primeras dosis como en segundas; mientras se preparan para recibir las más de 20 millones de vacunas que restan de los contratos de compra-venta suscritos por el Estado dominicano.
La vicepresidenta Raquel Peña explicó que, tanto ella como el presidente Luis Abinader, no han escatimado esfuerzos en la búsqueda de cumplir el objetivo de vacunar a 7.8 millones de dominicanos en la menor cantidad de tiempo posible, por lo que se mantienen en conversaciones permanentes con diferentes Estados y casas farmacéuticas, que puedan colaborar con que sigan llegando más vacunas, y así poder seguir vacunando.
Multas por violar medidas
Por otro lado, la Procuraduría General de la República informó que desde marzo de 2020 hasta enero de este año el cobro de multas por violación al toque de queda alcanza 116 millones 142 mil 481 pesos, cuyos recursos son destinados al pago de alimentos de internos en centros de corrección y rehabilitación y cárceles del país.
El número de intervenciones por violación al toque de queda establecido en el país por la propagación del COVID-19, desde su inicio hasta la fecha, asciende a 779,833, de las cuales personas apresadas por su violación encabezan la cifra con 290,155 (37.21%) del número total.
Según datos suministrados por la Policía Nacional a Diario Libre, desde marzo de 2020 a igual mes de 2021, la cantidad de motocicletas retenidas por violación al toque de queda, alcanzó al número de 160,679 (20.60%), ocupando el segundo lugar del total de intervenciones, seguido por personas obligadas a usar mascarillas con 155,194 (19.90%).
El renglón personas sometidas por violación al toque de queda, en el período en análisis, fueron 140,629 (18.03%) y vehículos retenidos 23,123 (2.96%).