“Este proceso muestra que los sistemas de monitoreo preventivo están funcionando y activos, que el rol de la ciudadanía vigilando por el uso correcto de los recursos públicos es una realidad en RD que fortalece la democracia”, dijo el director de Contrataciones Públicas.
Pimentel indicó que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) estará apoyando y colaborando en las gestiones que desde el Ministerio Público se realicen en relación a ese caso, luego de que esta última institución anunciara este martes que investigará de oficio el cancelado proceso de licitación.
Aunque no precisó si hubo sobreprecio en el anuncio de licitación para la compra de 25.8 millones de jeringas para la vacunación contra el COVID-19 a un costo unitario de 25 pesos, reconoció que el precio de referencia que se utilizó no fue el más adecuado.
“Este proceso que fue suspendido y está en una etapa de investigación. Estaremos dando información al Ministerio Público y a la sociedad de qué pasó realmente”, declaró.
El funcionario dijo que desde el 17 de agosto pasado a la fecha han emitido 209 decisiones y en esta semana habrá nuevas decisiones con respecto a procesos de contrataciones de diversas instituciones.
Regular contrataciones de ASFL
Pimentel habló luego de la firma de un acuerdo entre la DGCP y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd) para regular los procesos de compras y contrataciones de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) que reciben recursos públicos.
Mediante el convenio se acordó la creación de un equipo de coordinación técnica que tendrá dentro de sus responsabilidades identificar las ASFL en las que se debe enfocar la estrategia de fortalecimiento para el cumplimiento de los estándares sobre compras y contrataciones según la Ley 340-06.
Asimismo, permitirá llevar a cabo procesos de capacitación dirigidos a las ASFL sobre compras y contrataciones y definir una estrategia para el monitoreo y seguimiento a estas. Además, desarrollar una estrategia conjunta para el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre todos los órganos públicos con competencias para fiscalizar a las asociaciones sin fines de lucro.
El convenio fue suscrito por el titular del Mepyd, Miguel Ceara Hatton, quien también estuvo en calidad de presidente del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, y Carlos Pimentel, responsable de la Dirección de Contrataciones Públicas.