La última crisis ocurrió el pasado lunes cuando la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizaron un allanamiento histórico en la institución acusando el presidente Hugo Francisco Álvarez Pérez de los delitos de obstrucción a la justicia.

Además coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

La acusación del Ministerio Público además de su presidente Álvarez Pérez, incluye a los demás miembros Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.

Pero, hay que recordar que otras de las peores crisis que vivió la Cámara de Cuentas se produjo en julio del año 2008 cuando el Senado de la República destituyó al miembro Alcides Benjamín Decena Lugo y aceptó la renuncia de su presidente Andrés de Terrero, y los miembros José Altagracia Gregorio y Julio de Beras por incapacidad, ya que gran parte de las auditorías que realizaban carecían de sustentación.

Además predominaban los conflictos internos entre los miembros de la Cámara de Cuentas.

Historia

La Cámara de Cuentas fue creada en el año de 1854, mediante el artículo 127 de la Constitución, en el gobierno de Pedro Santana, con la finalidad de examinar, controlar, aprobar o reprobar cada año todas las cuentas generales y particulares de la República, presentándole el resultado de su examen al Congreso, acompañados de las observaciones.

Pero, es bueno recordar que la Cámara de Cuentas, nace con el país el 27 de Febrero de 1844, ya que sus orígenes datan desde la primera Constitución de San Cristóbal, 6 de noviembre de 1844, pues, aunque no se consignaba una Cámara de Cuentas como la que conocemos hoy, sí se establecía un Consejo Administrativo compuesto de funcionarios públicos, encargados de verificar anualmente las cuentas generales e informar de ello al Congreso Nacional.

Durante gran parte de ese período la Cámara de Cuentas sólo tenía como finalidad preparar los informes contables de cada año de los distintos períodos gubernamentales, enviarlo al Congreso en especial durante la dictadura de los 31 años de Rafael Leonidas Trujillo y los 22 años de Joaquín Balaguer, en sus distintos períodos.

Fue con la reforma constitucional del 2010, donde la Cámara de Cuentas amplió su mandato constitucional, recibió la asistencia de los organismos internacionales, cambió su local del edificio Manuel Fernández antiguo Hucacalito, obtuvo una nueva Ley 200-04, pero sus miembros no han podido colocar esa entidad en rol que le corresponde de fiscalizador de las ejecutorias del Presupuesto de la Nación.

Sin embargo, esta vez las imputaciones contra los miembros de la Cámara de Cuentas son delitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.

Según el expediente que instrumentó la Procuraduría los miembros del pleno y varios funcionarios de la Cámara de Cuentas son investigados por presunta violación al artículo 12 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público; 59, 60, 123, 124, 145, 146, 147, 171, 172, 175, 188, 189, 265, 266 y 405 párrafo del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en perjuicio del Estado dominicano.