Cuestionaron con indignación la indiferencia de quienes deben hacer que las leyes funcionen y garantizar los derechos, ante los casi 250 feminicidios registrados en los últimos dos años y el grave nivel de agresión a su integridad que viven las mujeres, padeciendo violaciones, acoso, maltratos, golpizas y muchas formas de daño y desigualdad.

Asimismo impugnaron que no se tenga todavía clara cual es la estrategia estatal para cambiar esta realidad y poner fin a la complicidad de instituciones y funcionarios públicos que terminan liberando al agresor o rebajando las sanciones, colocando en peligro a las mujeres.Además cuestionaron la ausencia de una determinación y compromiso explícito de los actores públicos y privados para transformar este indignante escenario.