De los 17 miembros del Pleno, 16 deberán conocer el sonado caso de los US$92.0 millones que la empresa Constructora Odebrecht admitió haber repartido en el país como sobornos para lograr contratos de obras públicas.

A 14 personas, incluidos funcionarios, empresarios, abogados y legisladores oficialistas y de oposición les fue solicitada medida de coerción, de los que a seis se les presentó formal acusación penal y apertura a juicio, cuyo conocimiento recae sobre el Pleno de la Suprema. (Durante el proceso de investigación también se presentó acusación contra el exlegislador Jesús Vásquez, pero quedó fuera de acto de apertura a juicio).

El expediente constituirá una prueba de fuego para el presidente del Tribunal, Luis Henry Molina, que ocupa la posición desde abril de este año y que, aunque cuenta con trayectoria en el ámbito del derecho, se estrenó como juez en ese cargo.

Antes de su elección en ese cargo, Molina era un funcionario del Gobierno y cercano colaborador del presidente Danilo Medina. Fue director del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y viceministro Admi- nistrativo de la Presidencia.

Aunque el de Odebrecht se trata de un tema penal, algunos de los magistrados que componen el Pleno vienen de otras áreas, tal el caso de la magistrada Vanessa Acosta Peralta, que llegó a la Suprema con experiencia en materia laboral y fue jueza del Tribunal Superior Administrativo. El abogado Samuel Arias Arzeno, que viene la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Anselmo Alejandro Bello, que antes de su designación en el alto tribunal era juez presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras y es catedrático en derecho civil, misma especialidad de los jueces Napoleón Estévez Lavandier y Justiniano Montero Montero.

Otra de las integrantes del Pleno, Nancy Salcedo Fernández, llegó a la Suprema tras ejercer en materia laboral, ser juez de paz y de primera instancia, y Rafael Vásquez Goico, quien antes de ser designado se desempeñaba como juez presidente del Tribunal Superior Administrativo.

Se destaca la magistrada María G. Garabito, que ha hecho trayectoria en materia penal lo mismo que el magistrado Francisco Ortega Polanco, quien conoció la instrucción del expediente por lo que no participa en esta nueva fase del caso.

Entre los magistrados que llevan más tiempo en la Suprema Corte de Justicia se encuentran Blas Rafael Fernández Gómez, que tiene currículo diversificado entre materia civil, constitucional y penal, lo mismo que Moisés Alfredo Ferrer Landrón; Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Alexis Read Ortiz, tienen experiencia en materia civil.

Otros magistrados de mayor experiencia en la Suprema Corte son Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez y Fran Soto. Este último tiene experiencia en el conocimiento de casos de corrupción administrativa, pues decidió a favor del Auto de no Ha Lugar al senador por San Juan Félix Bautista en 2014, y del archivo de la investigación por supuesto acto de corrupción contra Víctor Díaz Rúa.

Los que van a juicio de fondo

A juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht van el empresario Ángel Rondón, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno; el senador por San Cristóbal por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Alberto Galán; el expresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, Juan Roberto Rodríguez.