Rodríguez se expresó en estos términos al ponderar la resolución emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, que impuso tres meses de prisión preventiva contra tres de cuatro imputados por el intento de embargo ilegal ocurrido el pasado jueves en la empresa Hormigones Tavares Industrial, donde inclusive se produjo una balacera.
El procurador general destacó la presteza con que ante este deplorable hecho actuó la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, bajo la dirección de su fiscal titular Eduard López, que apenas horas después de lo ocurrido y de divulgarse un vídeo a través de las redes sociales localizó y puso bajo arresto a todos los involucrados.
Los imputados con prisión preventiva son Osvaldo De León García, José Rafael Riera Castellano y Luilli Yovani Reyes, quienes deberán cumplir la medida de coerción en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Por su vinculación a este caso también es procesado el imputado Francisco Miliano Reyes, cuya audiencia para el conocimiento de medidas de coerción fue aplazada para el 18 del presente mes.
Ley que regule fuerza pública
El máximo representante del Ministerio Público afirmó que para a poner control a la ejecución de embargos es urgente convertir en ley el proyecto que regula el otorgamiento de la fuerza pública que reposa en el Congreso, haciéndole las modificaciones que sugirieron en torno a esa pieza legislativa.
En este orden, resaltó que las sugerencias para esta iniciativa legal se hicieron al Congreso Nacional desde la Unidad de Desarrollo Legislativo y Regulatorio de esta Procuraduría General de la República, entre las que figura, el fortalecimiento de la estructura del otorgamiento y ejecución de la fuerza pública.
También, fue sugerido el establecimiento de mayores requisitos al momento de solicitarla, sin perjuicio de la necesaria fase de conciliación que coloque a las partes en igualdad de conocimiento, sin que esto signifique un espacio para distraer bienes, sino más bien para evitar arbitrariedades y mala práctica de la ejecución; y, por supuesto a cargo del Ministerio Público, como ente representante de la sociedad y canalizador de la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública.
Sobre el intento de embargo
Con relación a este caso, el Ministerio Público informó que le ha otorgado la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano, y a los artículos 66 y 67 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Durante la audiencia la Fiscalía de Santo Domingo Oeste presentó distintas evidencias materiales, ilustrativas y documentales que fueron tomadas en cuenta para la imposición de la prisión preventiva, como medida de coerción.
La institución indicó que el hecho ocurrió el día 13 del presente mes, alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando los citados imputados y otras personas hasta el momento no identificadas, se presentaron a la empresa Tavares Industrial, del sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, y escenificaron una balacera donde resultó herido el imputado Luilly Yovanni.
(DiarioLibre)