Denunciaron que fueron víctimas de un desalojo “abusivo perpetrado por el bufete de abogados Castillo & Castillo”, a quien responsabilizan de echarlos a la calle de forma arbitraria.

El desalojo fue realizado, según informaron los moradores, el pasado 8 de noviembre, y afectó a 80 familias y pidieron a las autoridades que intervengan.

Llamaron al Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) y la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, para que los representen ante la firma de abogados.

Los terrenos de donde fueron sacados es un área de alrededor de 3 mil 522 metros cuadrados.

Dijeron que todas sus pertenencias personales y muebles fueron sacadas de las casas y llevadas a una locación no precisada por los alguaciles que ejecutaron el desalojo.

“Yo tengo aproximadamente 25 años viviendo en este sector. Estamos en un proceso de Litis y entendemos que es el juez que debe de emitir una orden de desalojo y la justicia debe ser respetada y el abogado del Estado no tiene potestad de venir a tirarnos a las calles. Le hacemos un llamado al presidente de la República y al Procurador General de la República. Nos llevaron todas nuestras pertenencias y llegaremos a las últimas consecuencias”, dijo Eugenio Sepúlveda, uno de los desahuciados.

Los desalojados dicen que no saben cómo van a recuperar sus pertenencias.

Dijeron que no tienen dónde dormir con sus familias.

(Fuente: El Caribe)