Los juristas expresaron que son conscientes de que en ocasiones los abogados plantean incidentes que llevan a alargar los procesos y eso hace que los presos preventivos se mantengan por más tiempo dentro de las cárceles.

La abogada Ingrid Hidalgo y el togado Danilo Lapaix coinciden en que la “Procuraduría también tiene parte de la culpa” cuando los imputados no son trasladados a las audiencias para que se les conozcan sus procesos.

En tanto que el abogado Tomás Castro considera que el “sistema está estructurado para que haya muchos presos, porque los jueces tienen temor de dictar medidas diferentes a la prisión preventiva, que debe ser la excepción”.

De acuerdo con la opinión de estos abogados, el Ministerio Público debe dejar de pedir prisión preventiva en todos los procesos y reservar la solicitud de esa coerción para los casos graves.

“A un joven al que le encuentran un cigarro de marihuana no tienen que imponerle una prisión preventiva, como pasa en algunos casos”, dijo Tomás Castro.

Explicó que el problema del sistema es a todos los niveles, puesto que si un juez emite una coerción diferente a la prisión preventiva es cuestionado, y muchas veces suspendido e investigado por un tribunal disciplinario.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que el porcentaje de los privados de libertad en el país está por encima de la media regional.

(DiarioLibre)