Esto porque una vez se anula una actuación o prueba, no puede ser incorporada al proceso penal.
Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga Arzeno y Jesús –Chú- Vásquez Martínez, a través de sus abogados explicaron que la Procuraduría General de la República ha sido arbitraria en sus investigaciones y que se ignoraron las órdenes dadas por el juez Ortega Polanco.
De igual modo señalan que los delitos de soborno, enriquecimiento ilícito, cohecho y falsedad en declaración jurada, prescribieron en relación con los proyectos Acueducto Línea Noroeste, Hidroeléctricas Pinalito y Palomino.
En el caso particular de Víctor Díaz, se afirma que los hechos que le imputan ya fueron investigados y archivados por la Fiscalía del Distrito Nacional mediante sentencias en las distintas instancias y en el Tribunal Constitucional.
Tommy Galán Grullón, no planteó incidentes.
Los fiscales deberán responder cada uno de los incidentes y motivar las razones por las cuales el magistrado tendrá que rechazarlos o declararlos inadmisibles.
Los imputados afirman que no tuvieron contacto con las pruebas recolectadas por el Ministerio Público en la fase investigativa porque se las ocultaron y les mintieron al respecto.
Andrés Bautista dijo que la Procuraduría le mintió al decirle que no tenía listos los informes financieros y otras informaciones que pidió y que en las pruebas aportadas al proceso se puede evidenciar que para la fecha que le dieron la respuesta sí tenían en sus manos las informaciones solicitadas.
Los abogados presentaron al juez varias solicitudes de diligencias de investigación, así como de información al Ministerio Público, autorizadas por el magistrado Ortega Polanco.
La audiencia fue recesada para hoy a las 2:00 de la tarde a solicitud del Ministerio Público.
Declinatoria al Distrito
El juez de la Instrucción Especial deberá definir si se mantiene conociendo el proceso a todos los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht o declina el expediente de algunos a la Fiscalía del Distrito. Varios abogados piden la declinatoria del caso por considerar que el Ministerio Público no establece la conexidad o vínculo entre el senador Tommy Galán y los demás imputados, y que tampoco demuestra cómo se configura la asociación de malhechores. No hay imputación precisa de cargos, afirman.
(DiarioLibre)