“Después de haber escuchado a los representantes del Ministerio Público y a la defensa de los imputados, he decidido recesar para mañana (hoy) entre las 12:00 y 1:00 de la tarde, mi decisión, y así analizamos cada caso y cada decisión será tomara tomando en cuenta todas las pruebas presentadas”, manifestó el magistrado.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional inició el conocimiento de la vista de solicitud de medida en contra de los imputados a las 11:00 de la mañana de ayer, en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ubicado en la primera planta del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Los representantes del Ministerio Público, en su exposición de la acusación, solicitaron al tribunal imponer un año de prisión preventiva en contra de Leoncio Almánzar Objío, exdirector de CORDE; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de esa entidad; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y contra Rosabel Castillo Rolffot, Directora Nacional de Registro de Títulos. También contra Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; Juana Ynés Gómez; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista de Titulatec, y los agrimensores Ana Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
LA ACUSACIÓN Y LA DEFENSA DE ABOGADOS
La acusación del Ministerio Público en contra del grupo es de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad, uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros ilícitos establecidos en el Código Penal.
Los representantes del Ministerio Público aseguraron que con la defensa de los imputados se confirma que actuaron de forma fraudulenta.
Sobre la Directora Nacional de Registro de Títulos, aseguraron que se valió de mezclar información falsa con verdadera para no ser descubierta.
Los abogados de los imputados presentaron al juez Vargas diferentes documentos que atan a sus defendidos al país, por lo que consideran que no es necesario imponer medida de coerción en prisión, porque no hay peligro de fuga.
Entre los documentos presentados por los abogados están actas de matrimonio, títulos de vivienda; últimos pagos de servicios básicos del hogar; títulos universitarios; propiedad de vehículo, entre otros.
Aseguraron que con todas las pruebas presentadas al juez es suficiente para que no les sea impuesta medida de coerción a sus defendidos.
(ListinDiario)