Así lo informó el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante una conferencia de prensa en la que señaló que solicitará al juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que el caso sea declarado complejo. 

Manifestó que la medida de coerción será presentada en contra de Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico de esa entidad; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y contra Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual directora nacional de Registro de Títulos.

También, contra Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI.

Igualmente, en contra de José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC, y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, quienes presuntamente participaron en la comisión de diversos actos ilícitos.

Al grupo se le acusa de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros delitos establecidos en el Código Penal.

Destacó que como resultado del proceso lograron  recabar cerca de 300 piezas documentales y otras tantas testimoniales que son fundamentales para esclarecer la secuencia de los hechos y las personas implicadas en este intento de fraude masivo.

El Procurador, al ofrecer los detalles del caso, dijo que en el transcurso de la investigación encontraron pruebas suficientes y con méritos para la emisión de las órdenes judiciales correspondientes para el arresto de los imputados.

Rodríguez dijo que la empresa que compró las tres parcelas fue Inversiones Fernández Parache & Asociados(INFEPA). Posteriormente, esa misma empresa vendió parte de los terrenos a otra compañía llamada TITULATEC.

Indicó que en esa transacción los mismos inmuebles que habían sido adquiridos por tan solo 80 millones de pesos al Estado dominicano fueron valorados esta vez en 200 millones de pesos.

Expresó que los nuevos propietarios intentaron luego vender esos mismos terrenos - que habían sido del Estado,  a las mismas familias que los habían ocupado durante décadas, sin título de propiedad, por miles de millones de pesos.

Explicó que la presunta trama de corrupción es compleja, pero afirma que existen pruebas de que los imputados actuaron con mala fe y de manera coordinada para estafar a miles de familias de Los Tres Brazos, en beneficio propio, tras señalar que hará todo lo posible para que “caiga sobre los presuntos corruptos todo el peso de la ley”.

Detalló que la primera etapa corresponde a la venta de los terrenos del Estado y que en ella, el ex Director de CORDE y los ex funcionarios Cruz Crespo y Aybar Ferrando, se confabularon, junto a la imputada Gómez Williams, de la empresa intermediaria Proyecciones Inmobiliarias GOWI, para vender los terrenos públicos de Los Tres Brazos.

Añadió que para eso fue ejecutada una serie de calculados movimientos en los que Proyecciones Inmobiliarias GOWI se hizo pasar, en principio, como una compañía únicamente interesada en participar en la regularización de los terrenos del sector Los Tres Brazos para su posterior venta a sus ocupantes.

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EL ESCÁNDALO EMERGIÓ EN DICIEMBRE DE 2016

ANTECEDENTES, ACUSADOS E INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO

La mañana del pasado jueves fue arrestado el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), por la venta de terrenos del sector Los Tres Brazos.

Este escándalo surgió a mediados de diciembre de 2016, cuando moradores de Los Tres Brazos denunciaron la venta de terrenos del sector a la empresa Titulatec, que tras el contrato presionaba a los residentes para que les pagaran y, en algunos casos, fueron desalojados de las propiedades donde habían vivido durante más de 20 años. La historia se conoció por una investigación del diario El Día.

Tras el hecho, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 392-16 que suspendió todas las ventas, reventas y desalojos de los habitantes de Los Tres Brazos.

Meses después, Medina designó, mediante el decreto 16-17, una comisión para disolver la Corde y a la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) y en la misma destituyó al director de la institución, Leoncio Álmanzar.

“Los recursos humanos que laboren hasta la fecha en Corde serán reubicados en distintas dependencias del Estado, tomando en consideración su perfil profesional en el marco de las reglamentaciones internas establecidas en dichas instituciones y con apego en lo dispuesto en la ley número 41-08 de Función Pública”, dice el decreto en su artículo 8.

Esta comisión estaba integrada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal; el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantés y Lidio Cadet, director general de ética e Integridad Gubernamental.

La venta se dejó sin efecto y el expediente se llevó a la PEPCA, para indagar sobre las ventas de terrenos.

El caso de corrupción en Corde parecía dormido tras su inactividad pública en los últimos meses.

Ayer en la mañana se conoció de nuevos apresamientos y de seguimiento a las investigaciones.

-elcaribe-