De manera oficial, el procurador Jean Alain Rodríguez aclaró que cuando el tesorero internacional de Odebrecht, Luis Eduardo Da Rocha Soares, declaró que ese consorcio distribuyó millones de dólares a gobernantes de la República Dominicana, se estableció que se refería específicamente a personas que habían ocupado cargos de libre remoción en el Poder Ejecutivo, a otras que ostentaban o habrían ocupado posiciones electivas del Poder Legislativo, además de un abogado y un empresario privado.
En un documento depositado por ante el juez de la instrucción especial, doctor Francisco Ortega Polanco, Da Rocha Soares identificado como el empleado 48 de Odebrecht, confesó que dicho consorcio pagó a través del empresario Ángel Rondón millones de dólares que eran, según él, distribuidos a gobernantes de República Dominicana.
En dicho documento, copias del cual posee El Nacional, Da Rocha Soares se idéntica como un empleado de carrera de Odebrecht en el área financiera, que desempeñó sus funciones en Chile, Argentina y Angola hasta 1999, fecha en que pasó a ser el tesorero internacional del consorcio.
Dice en el documento, que durante el desempeño de ese último puesto tuvo que viajar a diversos países para asistir en lo relacionado a los bancos y negociación de financiamientos en el exterior.
Explicó que en el 2006 fue trasladado a trabajar como el empleado 36, donde estuvo ubicado hasta mediado del 2014, ejerciendo sus actividades en Sao Paulo y dijo que el motivo principal de sus viajes al exterior era buscar alternativas (bancos) para la continuidad del cronograma de pagos paralelos y para la creación de nuevas estructuras de apoyo a los ejecutivos en el exterior, siempre que se tratara de hacer un pago oficial.
3_Actualidad_27_2,p02En lo referente al caso dominicano, declaró que se desempeñó como asistente del empleado 54, quien en el cronograma numérico aparece identificado como Marco Antonio Vasconcelos Cruz, gerente de dicho consorcio en el país.
“Asistí al ejecutivo empleado 54 en pagos paralelos que serían debidos en razón de varias obras en República Dominicana, destacándose el pago de millones de dólares a las empresas Lasham y Conansa con cuentas abiertas en el Meinl, cuyo beneficiario era Ángel Rondón Rijo, intermediario y empresario que distribuía los valores a gobernantes de la República Dominicana”, sostuvo Da Rocha Soares en el documento que también formó parte del acuerdo de lenidad que la Procuraduría hizo con Odebrecht.
En el documento manifestó que también fueron pagadas las cuantías a la cuenta de Newporet Consulting LTD, cuyo beneficiado, según él, era el abogado Conrado Pitaluga, representante, de acuerdo a él, del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, de quien dijo visitó la isla de Antigua en un vuelo charter en diligencia de dinero.
Los fiscales
Al respecto, El Nacional consultó a fiscales que trabajan con el caso y dijeron que durante el curso de la investigación examinaron todas las declaraciones premiadas que sobre lo ocurrido en República Dominicana hicieron los ejecutivos brasileños de esa empresa ante el Ministerio Público de Brasil, las cuales fueron homologadas por el Supremo Tribunal de Justicia de esa nación sudamericana, sin que se evidenciara el involucramiento de gobernantes dominicanos en dicho caso.
Los investigadores dijeron que luego del análisis del citado documento y de todo lo que se ha depositado, se ha concluido que al hacer uso de la palabra “gobernantes”, los ejecutivos de la multinacional se refieren a supuestos pagos realizados a personas designadas como funcionarios del Poder Ejecutivo y a otras que son o habrían sido legisladores, además de la participación de un abogado y un empresario privado, a quienes incluso, se les menciona por sus nombres.
La fuente ofreció la explicación al ser consultada por este periodista sobre un documento que se encuentra depositado en la Suprema Corte de Justicia, al cual El Nacional tuvo acceso por otra vía, en el que se describe cuáles fueron las declaraciones de ejecutivos brasileños de Odebrecht que el Ministerio Público dominicano obtuvo como parte del acuerdo para colaborar con las investigaciones que obligó a suscribir a la constructora Odebrecht.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha encontrado evidencia de presidentes involucrados en el caso.
(Fuente: El Nacional)