Los auditores Clístenes del Carmen Pérez, Isidro González, Mario Reyes, Ingrid Font y Altagracia Ynes López Almonte llegaron temprano a la Fiscalía de la provincia, pero no fue hasta pasadas las 10 de la mañana que iniciaron los interrogatorios, hasta pasadas las 6 de la tarde ayer lunes.
La auditoría especial que realizara la Cámara de Cuentas a la OMSA, en el período comprendido entre el 22 de agosto de 2012 al 17 de octubre de 2017, arrojó 12 faltas e irregularidades cometidas por sus autoridades, desde el punto de vista legal, pese a que los referidos auditores estuvieron todo el tiempo en la UAI de la OMSA, prestando sus servicios.
Ayer también, y pese a que una batería de periodistas de los distintos medios estuvieron apostados en el pasillo que da acceso al despacho de la fiscal Olga Diná Llaverías, fue imposible tener acceso a los referidos auditores y a la magistrada en las más de ocho horas que duraron los interrogatorios. Finalmente, Llaverías y los cinco auditores salieron escondidos, por la puerta trasera de su despacho, a fin de burlar la presencia de la prensa que desde temprano estuvo pendiente de los interrogatorios, a la cual tampoco ofrecieron detalles ni aviso, al final de los mismos.
Contraloría apoya MP
Ayer también la Contraloría de la República dio a conocer un comunicado de prensa, donde valoró como “correcta” la decisión de la Fiscalía de SDE de investigar a los auditores, proveedores y propietarios de los talleres que ofrecieron sus servicios en la OMSA; a fin de que sean “esclarecidos los hechos que revela el Informe Especial de la Cámara de Cuentas”.
La Contraloría precisó que “las observaciones al Informe Especial elaborado por la Cámara de Cuentas, estuvieron orientadas exclusivamente a que esa entidad estableciera con claridad, conforme a la Ley 10-07, en sus artículos 23, 25 y 26, quiénes son los responsables por el uso y manejo adecuado de los fondos públicos en las instituciones bajo el amparo de esta ley, y no en cuestionar o contradecir los hallazgos que presenta”.
En dicho informe, la Contraloría también delimita el papel jugado por los auditores de esa entidad, que están asignados o diseminados en las distintas instituciones del Estado, lo cual afirmó, dista mucho del papel jugado por los funcionarios y sus empleados, que tienen a su cargo el manejo de los bienes del Estado.
“La Ley 10-07 es muy clara en este sentido, cuando delimita el rol y alcance de las UAI que están instaladas en varias instituciones, por lo que una cosa es la responsabilidad de los delegados (auditores) de las UAI, y otra cosa muy diferente es la responsabilidad de los incumbentes y los empleados bajo su mando, por el resguardo, uso adecuado y protección de los fondos públicos, puestos bajo su custodia”, indicó.
También destacó que las “observaciones” que realizó a dicho informe; “en modo alguno significan que esté defendiendo a alguien o evadiendo responsabilidades, ni mucho menos que apañen complicidades de ningún servidor público; ya que el mismo, solo es relativo a la legalidad de las autorizaciones, de las órdenes de pago que fueron emitidas por la UAI, de la Contraloría en la OMSA, basadas en la Resolución 15-08”.
Auditoría CC arrojó irregularidades
Pese a la presencia de los auditores de la UAI en la OMSA, la auditoría de la CC arrojó inobservancia de las disposiciones legales, relativas al ejercicio de la función pública, desembolsos por conceptos de pagos por adquisición de Bienes y Servicios no sustentados por la documentación correspondiente, adjudicación de contratos de manera directa, sin los concursos previsto por la ley.
También, adquisición de bienes y servicios en empresas vinculadas a funcionarios de OMSA, duplicidad en los contratos de reparación de guaguas, duplicidad de los desembolsos realizados por conceptos de pagos, fraccionamiento en los proceso de compras y contrataciones; a fin de evadir la ley, entre otras irregularidades.
Asesinato de Yuniol activó escándalo OMSA
El escándalo de la OMSA explotó tras el asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez, crimen por el que guardan prisión el exdirector de OMSA, Manuel Antonio Rivas; el exfinanciero, coronel PN, Faustino Rosario; Antonio Mercado Blanco (El Grande), Lucas Tobías Ortega (tío de Argenis); Víctor Elisandre Ravelo (El Herrero), Jorge Luis Abreu (El Taxista o DJ) y Heydi Carolina Peña (esposa del principal imputado, Argenis Contreras). Contreras está preso en New York, pendiente de su deportación al país, tras ser detenido allá, hace varias semanas; pese a que su abogado y el Procurador aseguraron que en tres días estaría en el país, aun no llega.
-ElCaribe-