El análisis critica que los partidos de oposición asumen el tema de la corrupción como uno de los principales problemas de la gente, pero que no es así. “Se sugiere un desfase entre las luchas de la oposición y los principales malestares de la población, los problemas identificados con mayor frecuencia son la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, los bajos salarios y el alto costo de la vida”, señala la publicación que se realizó con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales Oxfam, Ebert y Masada.

Concluye el análisis que todavía no se puede afirmar qué tipo de efectos tendrán las movilizaciones asociadas a la Marcha Verde. “Los datos aportados sí apuntan a la esterilidad política en el mediano y largo plazo de cualquier lucha contra la impunidad desconectada de otros aspectos más relevantes para la mayoría de la sociedad como la inseguridad ciudadana y los bajos salarios”, subraya. La publicación especifica que el trabajo de encuesta se hizo antes de que detonara el caso Odebrecht y las movilizaciones asociadas a la Marcha Verde.

“La corrupción fue ancla de la oposición para enfrentar la reelección y aún a pesar del escándalo de la OISOE (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado) que precedió el proceso electoral y las denuncias sobre el uso de soborno para la reforma constitucional, solo el 20% la señala (la corrupción) como los principales problemas del gobierno”, comenta el estudio.

Sostiene que el resultado de las elecciones del 2016 “demuestran el doble fracaso de la oposición al no lograr conectar el problema de la corrupción con la figura del presidente y al no presentar propuestas políticas conectadas con las demandas sociales de la ciudadanía: seguridad, trabajo e ingresos”. La publicación hace referencia al fracaso de quienes han asumido el tema de la corrupción como bandera política.

“Un ejemplo claro de una figura erigida en base al tema lo constituye Guillermo Moreno, quien ha sido una de los actores políticos más fervientes en señalar y denunciar la corrupción en los gobiernos del PLD. Ha concursado a la Presidencia en las tres últimas jornadas electorales sin alcanzar más del 2% de los votos y la gran mayoría de la población piensa que un político con su perfil tiene nada o muy poca posibilidad de llegar al poder”, subraya el trabajo.

El estudio plantea que la población percibe el tema de la corrupción como algo que permea todas las instancias sociales pero que prevalece más en las instituciones públicas. “Es cierto que en el 2017 numerosas personas se movilizan en torno a la lucha por el fin de la impunidad en las marchas verdes, pero hay que tener en cuenta que la idea generalizada de que la política y la corrupción van de la mano tiene una larga tradición en la cultura política dominicana”, expresó.

La encuesta realizada en octubre del 2016, establece que el 52.24% estima que la corrupción puede disminuirse pero no eliminarse y solo el 26.87% considera que pueda “eliminarse algún día” y el 20.48% dice que no se podrá “cambiar nunca”. Las conclusiones aconsejan cambiar el enfoque del discurso anticorrupción “porque la lucha contra la impunidad luce clasista en que solo se viabiliza la corrupción en los sectores populares”.

“Corrupción no se debe enfocar por cultura del dao”

El estudio establece que “analizar la corrupción como producto de una “cultura del dao” es perjudicial para la lucha contra la impunidad, porque culpabiliza a los pobres, a la vez que invisibiliza el rol que juega el clientelismo, el tráfico de influencia, el favoritismo y otras prácticas corruptas para articular oportunidades económicas de las grandes empresas y amplios sectores profesionales de clase media”, argumenta. Señala que se debe desasociar el discurso de la transparencia del sesgo que culpabiliza a los pobres.

Discurso impunidad no logra cometido político

El análisis del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo señala que la ausencia de discurso de oposición fuerte ha conducido a que la lucha contra la impunidad pierda la capacidad de arriesgar el poder político y la hegemonía de los grupos más influyentes de la política y la economía. “La lucha contra la impunidad ha servido principalmente para generar un mercado de profesionales de la administración, el derecho, y otras áreas de servicio, pero no ha podido encarnar una lucha política vigorosa”, afirma.

(Fuente: El Caribe)