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El magistrado además ratificó la actual medida de coerción a los 14 acusados y dispuso que la prórroga, que inició ayer, concluya el 9 de junio.
Ortega también rechazó al imputado Bernardo Castellanos la solicitud de que le sea desbloqueado el salario, que en la actualidad está congelado. Sobre el particular, el abogado de Castellanos dijo que apelará la decisión por considerar que viola la Constitución.
Profundizará investigación. Luego de la decisión, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, garantizó que en la extensión del plazo continuará profundizando las investigaciones y que ese tiempo permitirá completar diligencias de cooperación internacional y local en proceso.
En contra. Solo cuatro de los encartados rechazaron la prórroga, argumentando que el plazo para la investigación había terminado; que las diligencias que el Ministerio Público no había hecho era por negligencia y que ‘cada quien tiene que sufrir las consecuencias de sus errores’.
De la misma manera opinaron los abogados de Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga y el exdiputado Ruddy González, quienes sin embargo, coincidieron con los demás imputados en solicitarle al juez Ortega el levantamiento de las medidas de coerción que pesan en su contra y que el Ministerio Público pidió sean mantenidas.
¿Cuál es el temor? Milcíades Guzmán, de la barra del MP, ripostó a los cuatro disidentes, preguntándose cuál era el miedo a la continuación de la investigación del caso.
Rechazó que la fecha para la investigación haya terminado, señalando que esta solo puede ser pautada por el juez en el marco de los plazos establecidos en la Ley, cuando este toca el expediente, pues de lo contrario sería pedirle que prorrogue su competencia a un estadio procesal inexistente en la norma.
Agregó que a los fines de la prisión preventiva o de cualquier otra medida de coerción aplicada, que es un plazo procesal con la investigación, hay plazos establecidos en la ley y el juez de Paz los monitorea.