El procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, tiene el reloj en conteo regresivo para poder depositar acusación o solicitar extensión de plazo para continuar con la investigación por los US$92 millones que admitió la multinacional haber pagado a funcionarios públicos para ser favorecidos con obras del Estado del 2001 al 2014.
Carlos Salcedo, abogado de Bautista, explicó que la Procuraduría a través de su dependencia, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), le entregaron básicamente las mismas pruebas depositadas para la medida de coerción, sumado a una relación de las obras aprobadas en el Congreso Nacional durante la gestión de su defendido como presidente del Senado.
Al abogado le fueron entregadas información sobre los bienes muebles, inmuebles, informe de la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos, análisis financiero de sus declaraciones juradas de bienes del 1998 al 2006 y copia del interrogatorio que le hizo el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
Al cuestionar a la Procuraduría sobre lo entregado a Salcedo, se informó a Diario Libre que la ley y sentencia del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, “es clara en que sólo se debe entregar las pruebas que no dañen el proceso de investigación”.
Dijo que si la defensa requiere de otros documentos la PEPCA no tiene inconvenientes en entregarlo, siempre que no ponga en peligro la investigación.
El plazo de los ocho meses otorgado por el juez Ortega Polanco para presentar actos conclusivos vencería el 7 de febrero, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal y, según explicaron a Diario Libre varios abogados, las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht podrán ser incorporadas a un juicio de fondo si se hace a través de un anticipo de prueba, de lo contrario, las autoridades deberán buscar los mecanismos de ley para incorporar como testigos a los ejecutivos de la multinacional.
La presidenta de la Segunda Sala de la Suprema, Miriam Germán Brito, criticó e instó al Ministerio Público, durante el recurso de apelación a la medida de coerción, a mejorar su oferta probatoria contra el empresario Ángel Rondón Rijo, el exministro de Industria, Comercio y Mipymes, Juan Temístocles Montás; los senadores Julio César Valentín y Tommy Alberto Galán, el diputado Alfredo Pacheco Osoria, el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado notario Conrado Pittaluga; el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exdiputado Ruddy González.
Así como el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez; el exvicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura; el exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Máximo de Óleo; el exdirector técnico de la Egehid, Bernardo Castellanos de Moya y el exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA), Roberto Rodríguez Hernández.
(DiarioLibre)