La nutrida publicación de las normas coincide con la próxima visita al país de una misión del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) y el Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? (OCDE), que se concretará la próxima semana. Los organismos evaluarán la efectividad de los pasos que ha dado el país en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, en el marco de las reglas que obliga a cumplir el Gafilat.
Llas normas antilavado recién publicadas obligan a los notarios, dealers, constructoras, joyerías y casas de empeño, entre otros, a reportar todas las transacciones en efectivo que sean iguales o superiores a US$15,000, o su equivalente en moneda nacional, y eliminan el secreto bancario.
Los sujetos obligados, que son los antes mencionados, deben crear mecanismos para cumplir con la debida diligencia, que no es otra cosa que indicarle a las autoridades aquellas transacciones que resulten sospechosas o que puedan tener un riesgo elevado de ser lavado de dinero.
Por ejemplo, las Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) son un grupo de alto riesgo, tanto ellos como sus familiares. Y en el reglamento de la Ley 155-17, que se aprobó en noviembre pasado, se define que las personas que desempeñen cargos públicos que van desde la Presidencia de la República, pasando por congresistas, jueces, ministros y viceministros, el defensor del pueblo, el contralor y hasta el rector y vicerrectores de la UASD son PEP.
10 años de resguardos
Pero la población sin cargos públicos, así como las empresas, también estarán en la mira de las autoridades. Como, de acuerdo a las nuevas normas, el delito tributario puede preceder a una operación de lavado de activos, todos los sujetos obligados deben estar inscritos en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y deben rendir cuentas a la DGII.
Si una persona, residente en el país o no, adquiere vehículos de forma masiva, o cada uno o dos meses hace compras a un dealer, o paga completo el vehículo de forma anticipada, eso califica como una operación sospechosa.
Otro cambio importante e que los sujetos obligados deben guardar los reportes de las operaciones durante 10 años.
Una advertencia contra la defraudación tributaria
El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, ha advertido que “quien incurra en defraudación tributaria puede ser sometido por el Código Tributario, pero también por lavado”.
“República Dominicana debe ser ejemplo en lucha contra lavado”
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, aseguró que “este Gobierno ha decidido que la República Dominicana debe pasar a ser ejemplo internacional en la lucha contra el lavado”.
(Fuente: El Diario Libre)