En un comunicado con fecha del 20 de enero del citado año, ProConsumidor le hacía saber a Iris Guaba, que diversos productos que fueron fabricados especialmente para esa institución que brinda asistencia social, se estaban vendiendo en supermercados del país.
En la comunicación la entidad que vela por los derechos del consumidor le notificaba a Guaba sobre la incautación de 223 paquetes de harina empacadas en fundas de 14 onzas que se estaban vendiendo en góndolas de supermercados, a pesar de que en el dorso tenían leyenda del Plan Social de la Presidencia y “Prohibida su venta”.
Mientras que en el mes de agosto de ese mismo año, la empresa Lácteos Dominicanos (Ladom) también le comunicó al Plan Social que unos 13,750 fardos de avena se estaban comercializando en establecimientos, a pesar de que ese producto era exclusivo. y que tenía la etiqueta de “prohibida su venta”.
Al ser consultada por los medios sobre estas denuncias de ProConsumidor, la funcionaria dijo que fue precisamente a raíz de dichas alertas que la institución que preside activó sus organismos de vigilancias, y comenzaron a investigar.
Precisó que visitaron un supermercado en el que estaban vendiendo harina que en el dorso tenía la leyenda del Plan Social y decía “prohibida su venta”, pero que los propietarios del establecimiento explicaron que decidieron comprar el producto a un suplidor que había participado en una licitación que hizo el Plan Social, pero que no resultó ganador de dicha licitación.
Sobre el caso
Sobre este caso, ayer viernes el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo acogió el pedimento del Ministerio Público de declarar como complejo el proceso que se sigue contra dos funcionarios del organismo, imputados de evadir raciones alimenticias destinadas a personas pobres y venderlas a comerciantes.
En un comunicado de prensa, la institución informó la Resolución del juez Marlon Espinosa, quien impuso como coerción a los inculpados Gabriel Alfredo Méndez Fernández y Xhemyramiz Desiree Jiménez Urbaez, ambos funcionarios del PASP, una garantía económica en efectivo de RD$60,000 pesos a cada uno, presentación periódica ante el fiscal investigador e impedimento de salida del país.
(Fuente: El Nuevo Diario)