El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y el Gran Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, afirmó que en la estrategia definida para disminuir las pérdidas del sector, que en la actualidad rondan el 34%, se definen dos tarifas: una de referencia y otra de transición.
El documento final del pacto indica que a partir del primero de julio los usuarios regulados tendrán una tarifa ajustada trimestralmente en función de las variaciones en el precio medio de compra, las variaciones en la tasa de cambio, la reducción de pérdida y la mejora de la eficiencia.
Explica Guzmán Taveras que en el plan de expansión “se pretende reducir las pérdidas de un 32% a un 15% en seis años”, y que en principio ese 17% de pérdida será sumado a la tarifa eléctrica para luego rebajarla gradualmente a razón de un 2.80% cada año hasta converger en el 2023 con la tarifa de referencia que estará sustentada en un estudio de la Superintendencia de Electricidad (SIE).
“Subirán un 17% de entrada a la tarifa y luego, si tienen éxito en corregir las pérdidas, la irán bajando cada año hasta completar las metas de pérdida de un 15%”, sostiene el líder empresarial, que afirma que “solo en un país capturado y asaltado como el nuestro se puede imponer una política como esta, que resguarda los intereses de un grupito de empresarios y políticos, y pone a una población y a los medianos y pequeños empresarios a pagar este desatino e ineficiencias”.
Asimismo, el exvicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) y presidente del partido político País Posible, Milton Morrison, reaccionó a la conclusión del documento final del Pacto Eléctrico, indicando que el mismo no aportará solución real al problema eléctrico nacional. Morrison, que es un experto en el tema eléctrico y que representó por muchos años a las empresas generadoras de electricidad, coincidió en señalar que al aplicarse el pacto se va a generar un aumento de la tarifa eléctrica, ya que en la transición los usuarios van a tener que asumir las pérdidas que ha generado el sistema.
“Si el Pacto Eléctrico no beneficia al consumidor, no beneficia al ciudadano, no tiene ningún sentido firmar ese pacto”, aseguró Morrison, quien participó durante dos años en las discusiones.
Clientelismo
Algo que llama la atención es que a la firma del Pacto Eléctrico el Poder Ejecutivo mantendrá la prerrogativa de nombrar a los funcionarios que regirán el sistema eléctrico nacional, lo que se prestaría al clientelismo político.
Tanto el ministro de Energía y Minas, como el superintendente de Electricidad y los administradores de las empresas distribuidoras serán designados por el presidente de la República, por lo que no habrá independencia de los organismos reguladores a la hora de tomar una decisión equilibrada y aplicar la ley.
Milton Morrison refirió que llama la atención que “los organismos más importantes como la Superintendencia de Electricidad, no cuentan con la independencia suficiente en el Pacto Eléctrico para aplicar la ley al sector privado y al sector público. Con un órgano regulador débil no habrá forma de aplicar la ley”, dijo.
UASD: documento no aborda temas fundamentales
A final de 2017, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) emitió su postura sobre el documento consensuado para el Pacto Eléctrico donde indicaba que en el mismo no se abordaba los aspectos estructurales y legales que permitieran ejecutar una “auténtica reforma del sistema eléctrico” y que el mismo solo trataba temas contenido en el Ley 125-01. Refiere la academia que más de un 80% de los puntos consensuados se trata de temas reglamentados y que en el disenso quedaron los que realmente son vitales para establecer un sistema eléctrico transparente, confiable y de beneficio para la población y los sectores productivos.
Otro punto cuestionado por actores sociales y empresariales que participaron el pacto fue el margen entre el precio de compra de energía de las distribuidoras a los generadores, y el precio al que se le vende al consumidor, indicando que se duplican los márgenes comparados con las empresas distribuidoras de la región.
Participación privada
El documento final contempla que la Superintendencia de Electricidad en 12 meses cree las condiciones para que las empresas distribuidoras puedan subcontratar la actividad de comercialización para mejorar la gestión.
(ListinDiario)