Además, en el escrito de la Inspectoría General del Poder Judicial, se atribuía a la magistrada otros dos hechos, que posteriormente fueron desestimados.

Luego del juicio disciplinario, los consejeros comprobaron que la acusación de perseguir el pago de 300 mil pesos para favorecer a una de las partes en un conflicto sí era cierta y en consecuencia la destituyeron de su cargo.

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