En sus recomendaciones al país adoptadas tras la evaluación del sexto informe periódico de la República Dominicana los días 16 y 17 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa su preocupación por “la total criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión”.

Este órgano insiste en que “no deben aplicarse sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan, ya que tales medidas las obligan a recurrir a abortos inseguros”. Pide en concreto al Estado dominicano que “modifique su legislación para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

(ElCaribe)