En los últimos dos años, el Poder Ejecutivo se ha visto forzado a emitir decretos de designaciones en instituciones importantes, porque sus anteriores titulares han tenido que dirimir asuntos delicados en la justicia o salir a defenderse de acusaciones vinculadas a la transparencia administrativa.

Entre los funcionarios desmontados del tren gubernamental figuran los directores de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña; Manuel Rivas y Arsenio Quevedo, director y subdirector, respectivamente, de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).

Otros titulares obligados abandonar sus despachos son Miguel Pimentel Kareh, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Estado (OISOE); y José Joaquín Domínguez Peña, del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Además, fueron apartados de sus funciones los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Holguín; el de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar; y el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás.

Las sustituciones llegaron a la Dirección General de Pasaporte, con la cancelación de Marlin Martínez, subdirectora de la entidad, quien guarda prisión en el Centro Correccional Rafey-Mujeres, en Santiago.

La exfuncionaria está imputada por la muerte de la menor embarazada Emely Peguero, quien era novia de su hijo Marlon Martínez, que guarda prisión por el hecho ocurrido en agosto del presente año.

La más reciente destitución fue la de Manuel Rivas, quien se desempeñaba como director de la Omsa desde 2012 hasta el pasado lunes.

El titular de la entidad de transporte público ahora se encuentra privado de su libertad en la espera de que se le dicte medida de coerción, a raíz de la muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, encontrado con un tiro en la cabeza en el río de Manoguayabo. “Yo no mandé a hacer eso, ni de pensamiento ni de acción”, expresó Rivas, en las afueras de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.

La fiscal de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, señala a José Antonio Mercado Blanco y Argenis Contreras González, fiscalizador y asesor de la Omsa, respectivamente, de dar muerte al también presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona).

De acuerdo con el Ministerio Público, Ramírez extorsionaba a directivos de la OMSA, alegando conocer sobre presuntos casos de corrupción en la sobreevaluación de reparaciones de autobuses y la designación a particulares de estas unidades.

Por el caso, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, solicitó al presidente a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana “que a la mayor brevedad posible ese organismo realice una auditoría a la gestión completa del ingeniero Manuel Antonio Rivas”.

Sicariato

En hechos de sangre, también el exsubdirector de la Omsa, Arsenio Quevedo, quien el 25 noviembre de 2015 se entregó en el Palacio de la Policía, luego de que su esposa fuera detenida, su casa allanada y el local de la organización de Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin, de donde era presidente.

El transportista, junto al exregidor de Pedro Brand, está acusado de asociación de malhechores y sicariato. El Séptimo Juzgado de la Instrucción del DN envió el caso a juicio de fondo.

Corrupción

En ese mismo año, un escándalo de corrupción estalla en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

Justo el 25 de septiembre de 2015 fue encontrado muerto de un disparo en un baño de la institución el arquitecto David Rodríguez García, quien se suicidó alegando haber incurrido en deuda que no pudo pagar.

Así lo explicó en una nota que se encontró junto a su cuerpo sin vida. “Me dejé llevar de promesas por parte de Yoel Soriano y Alejandro de los Santos, par de ladrones”, escribió en una hoja.

Como consecuencia, el exdirector de Edificaciones Escolares de la OISOE, Alejandro de los Santos Serrano, fue condenado a seis años de prisión.

El Primer Tribunal Colegiado del DN también le impuso cinco años de prisión al excoordinador del Departamento de Edificaciones Escolares, Yoel Soriano Fabián, al abogado Julio Rafael Pérez Alejo, y Juan Ernesto Romero Pérez.

Los condenados fueron encontrados culpables de extorsión, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de David Rodríguez García.

Un mes antes de la muerte del arquitecto, el Poder Ejecutivo emite varios decretos con importantes cambios; entre ellos, la sustitución del director de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh. En su lugar, pasa a dirigir la Oficina el ingeniero Francisco Pagán.

La gestión de Kareh tuvo fuertes cuestionamientos, lo que llevó a la Cámara de Cuentas hacer una auditoría presentada en noviembre de 2016. El informe indica en la remodelación, adecuación y equipamiento del hospital Doctor Darío Contreras, responsabilidad de la OISOE, se cometieron varias irregularidades.

A través de la investigación, se verificar que la entidad suscribió un primer contrato con la empresa Proyecciones Luxor SRL por un monto de RD$886,522,148, y posteriormente se le hizo una enmienda por RD$813,131,896, equivalente al 67% por encima del porcentaje correspondiente, lo cual representa un exceso de RD$591,501,359.

El caso CEA

Otras muertes atribuidas a la corrupción pesan sobre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA). El 14 de febrero de 2017, un hecho consternó al país. Los comunicadores Luis Manuel Medina y Leo Martínez fueron muertos a balazos mientras laboraban en plena faena laboral dentro de la cabina de la radioemisora FM 103, en un centro comercial de San Pedro de Macorís. Familiares de José Luis Rodríguez, acusado de ser responsable de la muerte de los comunicadores, quien murió a causa de un impacto de bala en la cabeza, dijeron que la situación se originó por un conflicto de terrenos que fueron vendidos por el CEA.

Inmediatamente, el exalcalde de San Pedro y dirigente del PRSC, Sergio Cedeño, denunció que el móvil del asesinato fue el conflicto entre el CEA y Rodríguez por la venta irregular de unos terrenos.

Sostuvo que en esa provincia la venta de tierra del CEA representa un entramado de corrupción que ha generado varios conflictos, porque supuestamente un mismo terreno se lo venden hasta a tres personas. Inmediatamente, el CEA descartó que estas muertes guarden relación con una venta de terrenos.

Ante esta situación, el presidente Danilo Medina designó mediante el decreto 47-17, a Pedro César Mota Pacheco como el nuevo director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en sustitución de José Domínguez Peña.

Siguiendo el tema de las tierras, en noviembre de 2016, los moradores del Sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, denunciaron recibir presiones por parte de la empresa Titulatec para que le paguen los terrenos donde residen desde hace 20 y 30 años.

Por las ventas de tres grandes parcelas, la Procuraduría General de la República interrogó al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, quien posteriormente fue destituido y las operaciones en perjuicios de los residentes fueron dejadas sin efectos.

El pasado 13 de febrero el presidente Danilo Medina dispuso la disolución de Corde, así como de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP).

Declaración de bienes

Una de las destituciones que más ha llamado la atención fue la de Diandino Peña, exdirector de la Opret y a quien no se le vincula al manejo doloso de recursos públicos. Fue destituido luego de que no pudo explicar, en una entrevista, el origen de muchos de sus bienes.

Quitan a Temo por el caso Odebrecht

Uno de los escándalos de índole internacional, de pago de sobornos por obras, que sacudió al Gobierno dominicano fue Odebrecht, que llevó al sometimiento a de varios funcionarios y exfuncionarios. La bomba salpicó a Temístocles Montás, quien fungía como ministro de Industria y Comercio hasta junio del presente año, cuando fue sustituido por Nelson Toca Simó. En el proceso de investigación, el dirigente del PLD puso su cargo en Industria y Comercio a disposición del Gobernante. Montás fue imputado de aceptar soborno, coalición de funcionarios, falsedad, prevaricación, desfalco, concusión, lavado de activos, y de mentir en su declaración jurada de patrimonio. Por ello, se le impuso el pago de una fianza de 15 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida y la presentación periódica.

Señalamientos de corrupción llegan Inapa

Las acusaciones de corrupción alcanzaron a Alberto Holguín, quien se desempeñó como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), desde el 2012 hasta agosto de 2015. En el año de su destitución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), inició una investigación por presuntos actos de corrupción durante sus funciones. En el expediente, se acusa al exfuncionario de violar la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Bienes y su reglamento, además de incurrir en los delitos contenidos en los artículos 146 al 149 del Código Penal, sobre falsedad en escritura pública. Pero, el pasado viernes 18 de agosto del presente año, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, descargó a Holguín, y a la ingeniera Sobeida Perdomo, acusados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de incurrir en estafa contra el Estado y asociación de malhechores. En sustitución de Holguín, fue designado Horacio Mazara.

5 muertos

En los últimos dos años, se registraron cinco muertes en hechos vinculados a la corrupción

Alto perfil

Temístocles Montás ha sido el más alto funcionario destituido por supuesto acto de corrupción.

-elcaribe-