Asimismo, Marías pidió los más de 100 millones que gastan los ayuntamientos en fiestas y comidas navideñas; “más las decenas de millones que disponen diputados y senadores para tales fines y del barrilito, lo reúnan con los fondos presupuestados por el Gobierno central en una única canasta y los destinen a la construcción y reconstrucción de viviendas dignas para los afectados por los huracanes, y a financiar a los agricultores que perdieron sus cosechas”.
Agrega que la “única canasta” se podría incluir también los millones que gastan los partidos políticos provenientes de los fondos públicos mediante el financiamiento de la Junta Central Electoral”.
Indicó que el dinero destinado a fiestas y a la entrega de canastas navideñas tiene “menos utilidad y sostenibilidad que sacar a miles de dominicanos y dominicanas de la condición infrahumana en que han quedado después del paso de los huracanes”.
“Los fondos públicos, pagados por los afectados y no afectados, tienen que retornar en servicio a los ciudadanos, y que una manera de retornarlo es abandonando los gastos con bajo nivel de racionalidad y sustituyéndolo por estrategia verdadera de protección social”, dijo.
Matías, quién es experto en temas de desarrollo territorial y municipal, dice que su propuesta “no es un sueño, porque si en la Presidencia, el Congreso, los ayuntamientos, en el PLD y el PRM existiera voluntad política podrían decidir la reorientación del gasto previsto para fiestas navideñas y orientarlo a políticas que contribuyen con la cohesión social y territorial de República Dominicana”.
Resaltó que con el dinero por gastar, estimado en más de 1,300 millones, se podrían crear más de 5 mil microempresas, con capital cada una de 200 mil pesos, las cuales crearían 20 mil empleos directos y 20 mil indirectos.
“En las cinco provincias se podrían construir más de 2 mil 500 viviendas y reparar un estimado de 15 mil soluciones habitacionales. A cuatro años de gobierno se construirían más 10 mil viviendas de interés social, la más grande de toda la historia, y se haría un aporte significativo a la reducción de desempleo”, dijo.
“En Ecuador existe una experiencia digna de emular, porque cuando se produjo el terremoto, en el año 2016, la burocracia pública asumió cuotas de sus salarios para aportarlo a la recuperación. También, a las zonas afectadas se le exoneró de impuestos durante el año 2016”, agregó.
(Hoy)