En un documento enviado a los medios de Comunicación, la organización opositora manifiesta que en el caso de los aviones Súper Tucanos, la Procuraduría General de la República presentó acusación contra los “supuestos” implicados en la red de sobornos, exonerando de toda responsabilidad a los legisladores que participaron en el delito de corrupción, a pesar de las evidencias que la propia Procuraduría había señalado en ocasiones anteriores.
Conforme las informaciones publicadas por el prestigioso diario de los EEUU The Wall Street Journal y confirmadas posteriormente por periódicos brasileños, en la operación de compra de los Súper Tucanos, varios legisladores, incluyendo miembros del Senado de la República Dominicana, recibieron sobornos por parte de la empresa Embraer con la finalidad de aprobar el contrato de compra de las aeronaves.
Según aclara la nota, fue la misma titular de la PEPCA, Laura Guerrero Peletier quien en declaraciones ofrecidas a la prensa, en ocasiones anteriores anunció que varios legisladores serían sometidos por haber recibido sobornos por el caso en referencia.
Por otro lado agregan, que con la decisión del Magistrado Francisco Ortega Polanco de variar las medidas de coerción a los dos últimos detenidos del caso Odebrecht se confirma, nueva vez, que el referido expediente ha sido instrumentado por la Procuraduría General de la República, con el único interés de realizar un show mediático con la evidente intención de acallar las críticas y las voces de la sociedad que demandan el fin de la impunidad que arropa al gobierno del Presidente Medina.
“Este expediente es una maniobra política que pretende meter en un mismo saco a quienes representan la oposición y han asumido la lucha que libra el pueblo dominicano por el cese de la impunidad y el castigo de los responsables de actos de corrupción en la administración pública”, resalta la institución política.
Asimismo dicen que desde hace meses ese partido han expresado que el acuerdo de lenidad con la Constructora Odebretch no fue más que un salvoconducto a dicha empresa, y que no aportaría ningún tipo de beneficios al proceso y al país, lo que ha quedado demostrado hasta el momento con la debilidad del expediente presentado por la Procuraduría. Ese acuerdo, promovido por el Gobierno, no sólo exoneró de responsabilidad penal y civil a Odebrecht y sus funcionarios, sino que además ha permitido que esa empresa continué ejecutando el proyecto de Punta Catalina, que es la mayor expresión de corrupción, falta de transparencia e impunidad en el gobierno de Danilo Medina.
El Partido Revolucionario Moderno en el comunicado de prensa reitera su posición de que sean perseguidos todos aquellos que tengan culpas en dicho proceso, sin excluir a nadie, y menos a aquellos que fueron responsables de hacer las licitaciones, asignar las obras, formular los presupuestos, aprobar los préstamos y ejecutar las obras. En efecto, exigen que sean investigados los ministros, directores y legisladores que asignaron dichas obras.
(NoticiasSIN)