Sin embargo, dice esperar que la medida no afecte la continuación de la investigación local, debido a maniobras que podrían realizar algunos de los involucrados, con la finalidad de obstruirla e incluso para sustraerse del debido proceso.
Rodríguez destacó que el propio tribunal de alzada valoró que los indicios presentados por el Ministerio Público son contundentes, por lo cual también negó la solicitud de otorgar libertad pura y simple a los implicados.
El procurador resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, rechazó todas los objeciones presentadas por los abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el organismo de persecución penal que encabeza, incluyendo la improcedente solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de mayo del presente año.
Rodríguez calificó de extemporáneas las motivaciones para el voto disidente de la jueza Miriam Germán Brito, en razón de que en la etapa procesal en que se encuentra este caso, que son para medidas de coerción, las evidencias obtenidas hasta el momento, son más que suficientes para dictar o mantener medidas de coerción, como al efecto las dictó correctamente el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, quien mediante su resolución judicial del pasado 7 de junio, aplicó estrictamente el mandato de la norma en cuanto a la naturaleza la medida de coerción.
Indicó que el pronunciamiento de la magistrada Germán Brito corresponde más bien para cuando se efectúe el juicio preliminar o el juicio de fondo, no así para el actual momento procesal de investigación en desarrollo.
El procurador reiteró que duélale a quien le duela y caiga quien caiga, la Procuraduría seguirá trabajando, profundizando y ampliando la investigación local que inició el pasado 26 de diciembre, utilizando para ello, todos los recursos que tiene a su alcance, incluyendo la colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público de Brasil, así como de otras autoridades de naciones europeas y latinoamericanas.
Rodríguez también recalcó que a través de estas pesquisas ampliadas, en el país y en el extranjero, el Ministerio Público dominicano logrará evidencias adicionales a las que ya posee en contra de los imputados hasta el momento, las cuales hará valer cuando llegue el momento de presentar formal acusación en contra de los mismos, recordando que para estas fue recientemente autorizado judicialmente un plazo de 8 meses.
Reafirmó que mediante esta ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que Odebrecht desarrolló en el país, garantizando que quienes sea que resulten involucrados, tal como se ha hecho y corresponde, también será puesto a disposición de la justicia.