Se trata de los magistrados Altagracia Esther Mejía Roca, jueza de Ejecución de la Pena en San Pedro de Macorís, y José Antonio Cepeda Martínez, del Tribunal de Tierras de Samaná.

A Mejía Roca se le atribuye dar permisos a extranjeros condenados por tráfico de drogas para que salgan del país.

Se citan entre esos casos el del holandés Gregory Tibor Casper, quien fue condenado en 2013 a cinco años de prisión, tras ocupársele cuatro paquetes de cocaína con un peso de 1.6 kilos, cuando se disponía a salir del país por el aeropuerto de Punta Cana.

Sin embargo, seis meses después la jueza Mejía Roca le otorgó libertad condicional y un permiso para viajar a Holanda, lo que fue aprovechado por el imputado para traficar cocaína.

También los casos de la francesa Nabila Ait Aoudia, quien en junio de 2006 fue arrestada junto a Angelique Attllan en el Aeropuerto Internacional de La Romana con 31.9 kilos, cuando intentaban dejar el país, y el de Alexander Moretti.

Caso Samaná. Cepeda Martínez era el juez titular del Tribunal de Tierras de Samaná y se le atribuye haber favorecido con una sentencia a un tío suyo, para adjudicarle casi 400 tareas en una propiedad adquirida por el patriarca de una familia en el año 1945.

El magistrado Cepeda Martínez también había sido sometido a juicio disciplinario en 2012, por denuncias en su contra por otras supuestas irregularidades.

Se le atribuye, además, incrementar sus bienes patrimoniales y no declararlos.

Ambos jueces fueron acusados de violar los artículos 66 numerales 2 y 10 de la Ley 327-98, Sobre Carrera Judicial; Los Principios Conciencia Funcional e institucional, honestidad, motivación de las decisiones, prudencia, diligencia, del Código de Ética del Poder Judicial.

También, de violación de los artículos 9,13,18, 54 y 81, del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

(Hoy)