Así lo establece la solicitud de apertura a juicio que hizo contra el asesor fiscal José Reynaldo Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A., y Ramsés Inmobiliaria, S.A. por ante el Segundo Juzgado de la Instrucción.

En la instancia en la que la jueza Patricia Padilla envía a juicio de fondo a Santana Tapia y las tres razones sociales por falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), se describe que los delitos tributarios representan una materia de especial cuidado, pues los informes recibidos de parte del órgano fiscalizador describen conductas tributarias prohibidas que por lo general no son muy conocidas en el ámbito judicial.

“En atención a la ardua labor de investigación, recolección de información y evidencia, que esta Fiscalía ha instrumentado, hemos verificado que múltiples empresas se han dado a la tarea de ejecutar complejos mecanismos de defraudación fiscal que benefician a las razones sociales a favor de quienes se emiten las declaraciones”, señala el expediente.

La DGII denunció en la Fiscalía que un grupo de empresarios y asesores fiscales habían defraudado a la administración tributaria con montos millonarios y que independientemente de la defraudación, también incurrieron en el delito de falsificación, uso de documentos falsos y estafa contra el Estado, a través de maniobras diseñadas por profesionales contables. Fiscalía describió que hasta el 2013 la DGII no tenía un sistema de información cruzada con la Dirección General de Aduanas (DGA), mediante el cual podía constatar que las importaciones declaradas por empresas ante ellos eran ciertas.

La acusación contra Santana Tapia, y las entidades comerciales José Santana Consulting, SRL, Bienes Raíces Ramsés, S.A., y Ramsés Inmobiliaria, S.A, describe que se pudieron identificar la existencia de reportes de transacciones comerciales falsas, entrega de facturas sin sustento, la consignación de reportes de declaraciones falsas, la inactividad de un grupo de empresas con el objetivo de quebrantar las normas tributarias y consecuentemente la normativa penal dominicana.

(DiarioLibre)