Los perremeistas dijeron que la primera evidencia de su denuncia es que el Ministerio Público afirma en su acusación que para aprobar el proyecto Punta Catalina se transfirieron RD$ 50 millones y no se incluye ningún funcionario del gobierno en el expediente.

Otra alegada evidencia es que las transferencias de fondos de Odebrecht a las empresas de Ángel Rondón se hicieron entre los años 2007 y 2015, período en que el PRM estaba fuera del poder.

Insistieron en que el Caso Odebrecht se compone de tres elementos. Las sobrevaluaciones de obras (que supuestamente el procuradot Jean Alain Rodríguez ignora); los sobornos a funcionarios públicos y el financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2008, 2012 y 2016 revelado por el imputado Temistocles Mobtas.

El PRM afirmó que el expediente contra varios de sus dirigentes es una burda manipulación política elaborado por el Ministerio Publico es un acto de dañar la imagen de la organización con el fin de tratar de eliminar la oposición política firme y combativa en contra de la reelección del presidente Danilo Medina.

En un documente leído por el doctor Hugo Tolentino Dipp, en rueda de prensa de la Dirección Ejecutiva del PRM, celebrada en la casa nacional de la organización, expresa que la primera evidencia de esa manipulación política es que a pesar de que en el expediente acusatorio elaborado por el Ministerio Publico se afirma que para la aprobación del proyecto de Punta Catalina se transfirió un total de 50.84 millones de dólares, sin embargo entre los sometidos a la justicia  no se incluye a ningún funcionario o legislador vinculado a dicho proyecto..

A conitnuacion, el texto integro leído por el doctor Hugo Toelntino Dippp

Frente a los acontecimientos relacionados con los apresamientos y sometimientos judiciales de investigados por el escándalo de corrupción encabezado por la firma Odebrecht en perjuicio del Estado, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) declara al pueblo dominicano lo siguiente:

1. El PRM reitera su reclamo de que el gobierno del presidente Danilo Medina adopte medidas tendentes a ponerle fin a la corrupción en la administración pública. Corrupción que ha representado el desfalco impune de miles de millones de pesos del pueblo dominicano, así como la enajenación o simple robo de terrenos, inmuebles y otras propiedades públicas que han pasado a ser patrimonio privado sin ninguna consecuencia.
2. El PRM promoverá la profundización de reformas institucionales que liberen a los mecanismos de fiscalización y control del Estado, así como a la propia justicia,  de su desnaturalización y manejo doloso por parte del Comité Político del PLD. Esa situación es la fuente esencial de la impunidad ´prevaleciente en el país.
3. El PRM considera que las acciones del Ministerio Publico en el caso Odebrecht, iniciadas el pasado lunes 29 de mayo, con el apresamiento e imputación de 14 personas incluyendo dirigentes políticos, funcionarios, legisladores y empresarios, ha sido el fruto de las movilizaciones populares, el ascenso de la crítica pública y las denuncias, propuestas y posiciones asumidas por nuestro propio partido.
4. Sin embargo, este proceso está siendo manipulado por el ministerio público y el presidente Medina con fines de ensuciar la imagen del PRM y sus dirigentes, con la malsana intención de destruir toda oposición las insaciables ambiciones continuistas de Danilo Medina.
5. La primera evidencia de esa manipulación política es que a pesar de que en el expediente acusatorio elaborado por el Ministerio Publico se afirma que para la aprobación del proyecto de Punta Catalina se transfirió un total de 50.84 millones de dólares, sin embargo entre los sometidos a la justicia  no se incluye a ningún funcionario o legislador vinculado a dicho proyecto.
6. La segunda evidencia de la manipulación política es que en la página 18 del expediente acusatorio se indica que “los desembolsos realizados ( a las empresas del imputado Angel Rondón) estaban incluidos en pagos por sobornos a los funcionarios públicos que actuasen en favor de la compañía (Odebrecht)”,  sin embargo dichas transferencias se realizaron desde el 22 de agosto del 2007 al 13 de enero del 2015, por la suma de US$ 83 millones 231 mil 985 dólares, por lo que los funcionarios del gobierno del periodo 2000 al 2004 no pudieron ser sobornados con pagos hechos del 2007 en adelante.

(NoticiasSIN)