La pieza acusatoria presenta un crecimiento del patrimonio del ingeniero Víctor Díaz Rúa, de Radhamés Segura, de los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, que a juicio de los investigadores desbordan todos los análisis económicos.

Con respecto al exsenador Andrés Bautista, el expediente señala que primero eludió hacer declaraciones juradas de bienes, a pesar de ser legislador y luego detalla la cantidad de bienes inmuebles adquiridos y los lugares de localización.

Por igual, consigna que el diputado Alfredo Pacheco incrementó sus bienes muebles en cerca de 25 millones de pesos en diez años.

Víctor Díaz Rúa

Al ex director de INAPA en el período 2004-2007 y ministro de Obras Públicas de 2007 a 2012, la Procuraduría le imputa haber hecho operaciones de instrumentos financieros en dólares por un valor equivalente a RD$415,174,414.

Agrega que durante el tiempo que se desempeñó como funcionario público, Díaz Rúa logró “hacerse de un ostentoso patrimonio personal, familiar y societario adquiriendo numerosos muebles e inmuebles, abriendo directa e indirectamente enormes cuentas bancarias nacionales e internacionales y sosteniendo un nivel de gastos muy superior al que le permitían los bajos ingresos de su función”.

Detalla que Díaz Rúa declaró que cuando se inició como director de INAPA tenía un patrimonio neto de RD$63,532,898 y teniendo un salario mensual de RD$72,847, en el año 2006 declaró un patrimonio neto de RD$153,108,646.

En su condición de ministro de Obras Públicas, en el año 2007, según el expediente, Díaz Rúa tenía un salario de RD$75,101, pero para agosto de 2008 declaró un patrimonio neto de RD$414,083,066, lo que representa un aumento de más de 120% en relación con lo declarado en 2006.

El expediente relaciona el incremento del patrimonio de Díaz Rúa con su función pública, señalando que entre 2007 y 2012 otorgó contratos a la Constructora Norberto Odebrecht por un monto de US$2,370,816.57.

Considera que el hecho de que Díaz Rúa incrementara su patrimonio en RD$89,575,748.88 ganando un salario de RD$75,101 mensuales como director de INAPA, “no soporta ningún análisis económico, ya que se trató de dinero ilícito producto de los actos de corrupción cometidos por el imputado en perjuicio de las arcas del Estado y del pueblo dominicano”.

Según los investigadores, las acciones de Díaz Rúa junto a Ángel Rondón también arrastraron al abogado Conrado Pittaluga Arzeno, quien se prestaría a colocar recursos obtenidos por el soborno en un contrato ficticio de representación legal en la construcción de la autopista del Coral, procediendo a introducirlos en el sistema financiero y de esta forma darle apariencia de legalidad, lo que constituye “una red de lavado de activos”, junto a otras personas identificadas en la pieza acusatoria.

Explica que Díaz Rúa presentó a Pittaluga a los ejecutivos de Odebrecht como una persona de su confianza, quien firmó un contrato de servicios legales con la constructora y en el período junio 2011 a agosto 2012, “Odebrecht realizó a favor de Conrado Pittaluga Arzeno transferencias millonarias por un monto total de seis millones seiscientos veintinueve mil ochenta dólares americanos” a través de compañías y bancos.

En un cuadro que ilustra el expediente, la Procuraduría señala que la Superintendencia de Bancos certificó que Díaz Rúa realizó 13 operaciones “sospechosas” por un monto de RD$4,372,848.27 entre 2006 y 2010.

Además, que el imputado realizó 100 transacciones en efectivo por un  monto de RD$953,976,521.28 en el período 2005-2017.

Ramón Radhamés Segura

De Radhamés Segura, la Procuraduría dice que fue vicepresidente ejecutivo de la CDEEE y presentó su declaración jurada el 12 de octubre de 2004, admitiendo un patrimonio de RD$28,241,999.75 , que en su declaración del 26 de noviembre de 2008 pasó a ser de RD$73,168,000, lo que representa un aumento neto de patrimonio de RD$44,926,000.25, equivalente a un incremento de 159%.

Detalla que solo en certificados financieros, Segura declaró que pasó de poseer un monto de RD$3 millones en 2004 a RD$21 millones en 2008, teniendo un crecimiento de neto de RD$18 millones solo en certificados financieros, lo que representa un incremento de 600% en cuatro años.

El expediente concluye con relación a Segura que lo anterior “evidencia como el imputado tuvo un crecimiento económico insostenible con relación al salario que devengaba como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, ya que el crecimiento neto en esos cuatro años se incrementó en 159%”.

Senador Tommy Galán

Con relación al senador Tommy Galán Grullón, el expediente dice que fue diputado por la provincia de San Cristóbal durante el período 2002-2006, pero incumplió las disposiciones de la ley 82-79 que lo obligaba a hacer su declaración jurada de bienes, práctica considerada “parte de su plan mal intencionado de enriquecerse ilícitamente cometiendo conductas sancionables social y judicialmente”.

Explica que Galán Grullón hizo su primera declaración de bienes el 19 de octubre de 2006 luego de juramentarse como senador, declarando un patrimonio neto de RD$19,300,000 y en noviembre de 2016 declaró que su patrimonio ascendía a RD$19,400,000.

El expediente dice que el 18 de septiembre de 2016 el senador Galán Grullón presentó un inventario de propiedades que formaban un patrimonio neto de RD$31,704,547, por lo que “el aumento en el patrimonio del imputado Tommy Alberto Galán Grullón ascendió a la suma de RD$12,404,547”, equivalente a un aumento patrimonial de 63%, según el análisis comparativo de las declaraciones.

  Los fiscales y técnicos consideran que Galán Grullón “cometió el delito de falsedad en la declaración jurada del 16 de septiembre de 2016, ya que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha informado la existencia de varias compañías que no fueron declaradas por el imputado a pesar de estar obligado a hacerlo.

Esas compañías, según el expediente, son Galán Grullón, C. por A. donde tiene un porcentaje de participación como socio de 99.40, en la Galán Grullón & Montás, S.R.L. donde tiene el 35%, Sociedad Empresarial Americana C. por A., con 6% y Corporación Mano Amiga, S. A. con 3.39 %.

Consideran que “con todo lo anterior se demuestra la falsedad y también el enriquecimiento ilícito”, por lo que a su juicio, “hay suficiente evidencia para vincular al imputado con los hechos planteados por el Ministerio Público”.

Senador Julio César Valentín

Sobre el senador por Santiago, Julio César Valentín Jiminián, el expediente sostiene que al momento de su elección como diputado para el periodo 1998-2002, declaró un patrimonio neto de RD$1,266,087.78, por lo que “los bienes que posee han sido obtenidos como el producto de acciones en detrimento de los fondos públicos y en clara violación a la Ley 82-79”.

Expresa que en su declaración jurada del 2 de noviembre de 2006, Valentín Jiminián declaró un patrimonio neto de RD$10,865,000, lo que a juicio de los investigadores constituye “un aumento desproporcionado de 758%, lo cual muestra el enriquecimiento ilícito del imputado”.

En su declaración del 8 de noviembre de 2010 el patrimonio neto de Valentín Jiminián, entonces saliente presidente de la Cámara de Diputados y entrante como senador, era de RD$15,432,825, representando un aumento de 42% en su patrimonio, crecimiento que sería “una evidencia de las actividades ilícitas que realizaba el imputado”.

Indica el expediente que en la declaración jurada de bienes hecha el 15 de septiembre de 2016, el senador Valentín Jiminián declaró un patrimonio neto de RD$49,937,641.38, con un aumento de neto entre 2010 y 2016 de RD$34,504,816.38, equivalente a un incremento de 224% en los últimos seis años.

Agrega al contrastar las declaraciones juradas con la información de la DGII, se establece que Valentín Jiminián ocultó información sobre parte de su patrimonio, pues de ocho vehículos registrados a su nombre, solo incluyó uno en su declaración jurada.

Exdiputado Ruddy González

El expediente de la Procuraduría dice que González, en su declaración jurada de septiembre de 2010 no declaró inversiones de capital, pero la DGII le atribuye sociedad en al menos dos constituidas el 15 de julio de 2006 y el 24 de mayo de 2006, así como en dos razones sociales constituidas en 2006 y 2008.

Igualmente, la DGII certificó que González es propietario de ocho vehículos, pero en su declaración jurada no incluyó ninguno.

Temístocles Montás

De Temístocles Montás, el expediente consigna que como secretario de Economía, Planificación y Desarrollo, hizo una declaración jurada de su patrimonio por un monto de RD$4,950,000, pero en 2008 declaró tener RD$13,538,048.25, un incremento de 173% aunque solo ganaba un sueldo mensual de RD$75,101.

Agrega que entre 2008 y 2012 el patrimonio de Montás se incrementó a RD$29,348,465.09 y para el 5 de  septiembre de 2016 los bienes del funcionario subieron a RD$39,997,334.61. “El incremento de la declaración de 2012 con respecto al 2004” fue de 593%.

El expediente atribuye a Montás ocultar información de sus bienes en la declaración jurada, entre ellos vehículos y compañías.

César Sánchez

El expediente señala que César Sánchez incrementó de RD$7,801,500 en inversiones inmuebles que tenía en el año 2000 a RD$15,317,500 en 2004, lo que representa un incremento de RD$7,516,000, igual al 96%.

Andrés Bautista

Del expresidente del Senado, la Procuraduría dice en el expediente que no cumplió con su declaración jurada entre 1994 y 2006, lo que a su juicio quería enriquecerse ilícitamente.

Dice que de 1995 a 2006, Bautista adquirió 16 inmuebles y cuando pasó a la presidencia del Senado materializó “su enriquecimiento ilícito aceptando dinero de sobornos por parte del imputado Ángel Rondón Rijo para la aprobación de las obras” ejecutadas por Odebrecht.

Indica que en el período 1995-2008, Bautista adquirió bienes inmuebles por valor de RD$43,619,143.23, lo que representa un incremento de inmuebles adquiridos desde 1994 de 1,363%.

Señala que Bautista adquirió bienes inmuebles por valor de RD$23,818,612.08 después que salió de administración pública en el año 2010.

Alfredo Pacheco

Del actual diputado Pacheco, dice que en su declaración jurada de 2006 tenía bienes inmuebles por valor de RD$5,140,000, pero en la declaración de 2016 sus posesiones inmuebles subieron a RD$30,000,000, lo que representa un incremento de RD$24,864,000, equivalente a 484%.

(ListinDiario)