Las detenciones de los frustrados viajeros criollos, haitianos, cubanos y de otras nacionalidades que han intentado utilizar el país como puente para irse clandestinamente a Puerto Rico, fueron ejecutadas por la Dirección de Inteligencia Naval M-2, mas del cincuenta por ciento de ellos que se realizarían por la zona este.

Entre los detenidos hay hombres y mujeres de diferentes edades, que de acuerdo a los testimonios ofrecidos a los agentes del M-2, llegaron a pagar sumas oscilantes entre los 60, 75 y hasta 90 mil pesos a los organizadores de las frustradas travesías a Puerto Rico.

Muchos dijeron que tomaron dinero prestado para pagar los viajes.

Los viajes frustrados por la Armada Dominicana, que además cuenta con el apoyo del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos con unidades apostadas en las cercanías del Canal de La Mona, se producirían por Higúey, provincia La Altagracia, Miches, Sabana de la Mar, San Pedro de Macorís y Bayahíbe, La Romana.

En esos y otros lugares, los militares lograron la incautación de más de cuarenta embarcaciones, algunas de ellas en alta mar con viajeros, otras partiendo hacia Puerto Rico, así como escondidas en matorrales, enterradas en arena, ríos y playas.

La Armada también informó sobre el desmantelamiento de fábricas clandestinas de yolas.

La institución militar, bajo el mando del vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, dice estar satisfecha del respaldo que recibe de jueces y fiscales, con la aplicación de condenas, que van desde tres, cinco, diez y hasta quince años de prisión, a los traficantes de ilegales.

Citó los casos de los nombrados Persio de la Cruz Acosta y Faustino Polanco, a quienes un juez de la provincia María Trinidad Sánchez impuso a cada uno quince años de prisión, por tráfico ilegal de personas a Puerto Rico. Otros condenados son Heriberto López Méndez, a diez años de cárcel y Agustín de los Santos, a cinco.

En total suman 17 los traficantes y capitanes de embarcaciones que cumplen condenas impuestas por los tribunales, por la práctica de tratar de llevar ilegales a Puerto Rico, en frágiles embarcaciones que ellos mismos fabricaban en distintos puntos de las zonas este y nordeste.

En tanto que más de la mitad de las embarcaciones decomisadas por la Armada Dominicana, fueron desmanteladas en los mismos lugares por disposición del comandante general, vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, quien dispuso asimismo más vigilancia en la costa este.