“Odebrecht se compromete a adoptar en su filial dominicana, todas las acciones, medidas e iniciativas especiales sobre ética, integridad y transparencia, conforme las mismas han sido definidas y determinadas en los Acuerdos de Lenidad”, establece el texto. 

De esta forma, la empresa deberá ejecutar “un programa de cumplimiento debidamente certificado así como un cronograma de reestructuración y de entrenamiento del departamento de cumplimiento de la filial o subsidiaria dominicana de Odebrecht, todo lo cual deberá ser cumplido en un lapso de 12 meses, estando en el deber de presentar reportes semestrales al Ministerio Público sobre los avances de la implementación de dichos programas”. 

En ninguna de sus cláusulas aparece prohibición alguna para la continuidad de sus operaciones.

Acuerdo podría quedar sin efecto

En su artículo 7, el acuerdo contempla que el mismo podría quedar sin efecto si la multinacional no delata a las personas que recibieron los sobornos en República Dominicana o si incumple el cronograma de pagos. 

Se detalla que “el incumplimiento de Odebrecht a su obligación de entrega de información y pago de cuotas en la extensión y en los plazos convenidos, facultará al Ministerio Público a dar por terminado el acuerdo”. 

Además, especifica que si no se materializa lo acordado, se retendrían las sumas pagadas por la empresa a favor del Estado dominicano y se reiniciarían las persecuciones penales y civiles en su contra, como si nunca se hubiese firmado el acuerdo. 

No obstante, si la empresa no suministra los nombres de los sobornados, y otros detalles referidos a la investigación en un lapso de 60 días, el MP pondrá en mora a Odebrecht para que remedie el incumplimiento incurrido, en un plazo no mayor a 15 días respecto a la obligación de entrega de información y 60 días respecto a la obligación del pago de las cuotas. 

Se logrará la cooperación

El acuerdo, contentivo de 13 artículos fue refrendado el pasado 16 de marzo por el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez; la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier; el apoderado especial de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra, y el abogado especial de Odebrecht, Robert Valdez.

De esta forma, el Ministerio Público lograría la cooperación de la empresa con la investigación en curso. El acuerdo fue homologado el pasado miércoles por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción, Danilo Amador Quevedo, quien además autorizó al MP la aplicación del criterio de oportunidad.

En el documento, Odebrecht se comprometió a identificar los funcionarios públicos sobornados en la República Dominicana y toda la información que conduzca a determinar coautores y cómplices, además de identificar las obras que resultaron adjudicadas como consecuencia de los sobornos.

PGR solicitó inhabilitar a Odebrecht en enero

El pasado 12 de enero, el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó inhabilitar a Odebrecht para que no pudiera asumir nuevos contratos con el Estado mientras dure la investigación sobre supuestos sobornos a funcionarios locales. El titular del MP, envió su solicitud a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas para que impida que el Estado vuelva a contratar con Odebrecht y envió una solicitud similar al Poder Judicial para que un tribunal ordenara esa prohibición, de manera cautelar.

Consorcio participa en Punta Catalina

Las plantas a carbón en Punta Catalina son construidas por el consorcio integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella S.R.L, ganador de la Licitación Pública Internacional convocada por la CDEEE. La nueva termoeléctrica, que generará electricidad a base de carbón mineral, producirá un ahorro de costo al sistema calculado por las autoridades en alrededor de US$441 millones anuales. Además retirará del mercado a por lo menos siete generadoras obsoletas.

(ElCaribe)