En una  nota del periódico El País del pasado 6 de febrero, se señala el hecho de que Rondón está siendo investigado por la Procuraduría General de la República Dominicana por un caso de corrupción, refiriéndose a los 92 millones de dólares destinados a sobornar funcionarios dominicanos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

El reporte recoge declaraciones de Ángel Garrido, consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y presidente de Canal de Isabel II, en el sentido de que “poco podemos hacer hasta que se determine de verdad si tiene alguna responsabilidad”.

Se explica que en el caso de la empresa AAA Dominicana, Rondón controla un 35% de las acciones (el 10% a su propio nombre y el resto como representante de otras dos empresas) y el otro 65% está en manos de la firma Inassa, que tiene sede en Colombia y pertenece en un 81% al Canal de Isabel II. Inassa es la que controla a su vez el resto de las 20 filiales americanas.

Explica que el Gobierno madrileño lo que ha hecho es instar a Inassa, a través del Grupo Canal, para que solicite a Rondón que abandone su puesto como copresidente del consejo de administración de AAA Dominicana.

La petición fue formulada, según el escrito, el miércoles 3 de febrero en una carta en la que le pide la separación temporal del puesto, pues las informaciones sobre la investigación del caso de los sobornos de Odebrecht “pueden afectar negativamente la imagen de la firma, que, con 300 empleados en plantilla, se dedica a prestar servicios de apoyo a la gestión del ciclo integral del agua, de asesoría, consultoría, ingeniería, abastecimiento y saneamiento”.

Se resalta igualmente, que en la asamblea general de accionistas de AAA Dominicana, celebrada el 9 de marzo de 2016, la compañía aprobó por unanimidad la composición hasta septiembre de 2021 del consejo de administración, designando como copresidentes a Ángel Rondón y Diego García Arias, responsable a la vez de Inassa y la persona que firma la carta enviada el miércoles a Rondón para que deje su puesto.

“García Arias ha llevado a la práctica los deseos del Canal de Isabel II, empresa pública presidida y controlada por el Gobierno regional”, dice el reporte periodístico bajo la firma de J.A. Aunión.

La constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó, supuestamente a través de Rondón, 92 millones de dólares en sobornos a funcionarios dominicanos para conseguir la adjudicación de obras del Estado entre el 2001 y 2014.

Rondón ha argumentado que recibió el dinero como pago por servicios prestados en su condición de gestor comercial de la compañía brasileña.

En el marco de las investigaciones desarrolladas por la Procuraduría General, Odebrecht se ha comprometido a resarcir al Estado dominicano con el doble (US$ 184 millones) de lo destinado a sobornos.

La multinacional ha desarrollado unas 17 obras en el país, entre ellas está en ejecución la más grande: la Central Termoeléctrica Punta Catalina, que produciría unos 720 megavatios de electricidad y que su construcción conllevaría una inversión de más de 2000 millones de dólares.

(7día)