“Por medio de la presente le exhortamos a todo el personal docente no suspender sus labores de trabajo y ceñirse al fiel cumplimiento del horario establecido en el calendario escolar. Quienes incurran en estas faltas este Ministerio de Educación estará aplicando sanciones disciplinarias de conformidad con las normativas legales vigentes”, dice una circular enviada por esa dependencia del Estado a directores regionales, distritales, de centros docentes, personal docentes y administrativos.

El documento, firmado por las directoras de recursos humanos y de personal docente de Minerd, Maritza Miranda y Vivian Báez, respectivamente, instruye además, al personal administrativo que se mantenga en sus lugares de trabajo, cumpliendo con sus funciones, a los fines de evitar sanciones posteriores.

Génesis del problema

Hace unos 10 días, el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) firmaron un acuerdo, que entre otras cosas, se estableció un aumento salarial de 10 por ciento a partir de agosto, lo que generó disgusto entre los maestros que entendían que el mismo debió ser retroactivo a marzo.

Esa situación ha generado paros de docencia en todo el país, en especial en la zona sur, donde la pasada semana el Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de Barahona condenó a la seccional de la ADP al pago de una sanción económica (astreinte) de 50 mil pesos por cada día que los profesores de esa provincia no impartan docencia.

A pesar del dictamen, los educadores de Barahona han continuando con su lucha reivindicativa paralizando las clases en las escuelas públicas.

Tras esa decisión, el presidente de ADP, Eduardo Hidalgo, desaprobó la sentencia del tribunal de Barahona, por entender que se les violentaban los derechos a los maestros a las protestas, pero además, se les cuartaba la libertad contenida en la Constitución.

Esa situación de las escuelas ha generado preocupación entre algunos sectores nacionales, por temor a la pérdida del presente año escolar.

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) se pronunció en contra de los paros de docencia, en el sentido de que la educación es un derecho fundamental.

También el obispo de la diócesis de San Juan, José Dolores Grullón Estrella, levantó su voz de alarma ante la pérdida de clases en el país y advirtió que de continuar ese proceso, el año escolar.

(ElNacional)