La muerte violenta de una mujer, esposa de un diácono católico, que fue alcanzada por un tiro la mañana del pasado lunes cuando trasladaba en un vehículo a dos estudiantes menores de edad por un sector de clase media de la capital, conmocionó esta semana al país.
De su muerte fue acusado un exraso de la Fuerza Aérea, ya en prisión, que disparó a dos delincuentes que habían asaltado poco antes a otra mujer.
Este suceso llamó la atención sobre una acción cada vez más común en la República Dominicana, el interés de muchas personas de hacer justicia por sus propias manos debido a la falta de confianza en las autoridades y la impunidad en casos como estos.
A la misma hora que la mujer era velada, otra fallecía en un popular sector de la capital cuando dos hombres le dispararon para arrebatarle la cartera en momentos que regresaba de su trabajo como doméstica en una motocicleta junto a dos compañeros.
En lo que va de mes la Policía ha reportado la muerte de al menos 45 personas víctimas de atracos, riñas, violaciones y enfrentamientos con agentes policiales.
Entre estos fallecidos hay una mujer y dos adolescentes cuyos cadáveres fueron lanzados, con pocos días de diferencia, alrededor del monumento Faro a Colon, en Santo Domingo, tras ser violadas.
Todos estos casos evidencian la falta de un plan efectivo contra este flagelo en el país caribeño, que cada año cuenta por centenas las víctimas fatales a causa de la violencia y la inseguridad, que ha llevado a muchos dominicanos a buscar alternativas para defenderse, entre ellas, la adquisición de armas de fuego, cuya proliferación en manos de civiles es otro grave problema.
Cifras del Ministerio de Interior y Policía (MIP) revelan que el año pasado en el país ocurrieron 1.613 homicidios, de los cuales 978, que representan el 61 % de los casos, fueron causados por armas de fuego.
Un estudio publicado este viernes por Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, señaló que la desigualdad social, el desempleo y el tráfico de drogas son las principales causas estructurales del auge de la delincuencia en el país.
Para enfrentar la génesis estructural de la delincuencia, PC afirmó que se hace indispensable que el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones por características sociales o de clase, y ponga freno a la corrupción e impunidad.
Sectores políticos y sociales han reclamado estos días a las autoridades acciones contundentes contra la violencia y la inseguridad, pero también llamaron a la ciudadanía a evitar tomar la justicia por sus propias manos.
El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, reconoció esta semana que existe una situación de inseguridad en la República Dominicana, pero afirmó que las autoridades tienen los medios para combatirla y que trabajan en el plan se seguridad ciudadana que, afirmó, necesita el país.
“Sabemos que hay un grupo de delincuentes que está azotando, principalmente, en el Gran Santo Domingo. Tenemos respuesta para ellos y estamos preparados para enfrentarlos en el terreno que ellos elijan, que ha sido el de la violencia”, afirmó.
El Gobierno de Medina, quien llegó a la Presidencia en 2012 y fue reelegido por cuatro años más en 2016, asegura que trabaja en un plan efectivo de seguridad, pero su puesta en marcha no ha sido anunciada.
La Comisión Gubernamental de Seguridad Interior ya presentó en febrero al gobernante las estrategias y proyectos para combatir la inseguridad desde la prevención y la persecución del delito,
Para el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, el principal de la oposición, Luis Abinader, el incremento de la criminalidad se debe la falta de un verdadero plan de seguridad.
Según Abinader, el actual panorama de violencia e inseguridad coloca al país en una situación muy peligrosa.
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