Los valores fueron decomisados a favor del Estado entre junio del 2007  hasta agosto del 2016 y los recursos entregados al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, órgano que preside el Consejo Nacional de Drogas y  que integran otras instituciones que se ocupan de la persecución y la prevención del uso de sustancias ilícitas, para ser repartidos conforme se establece por ley. 

El 85 por ciento de los recursos económicos obtenidos, producto del decomiso de esos bienes o por intereses generados por otros que aún no han sido decomisados, son distribuidos entre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Consejo Nacional de Drogas (CND), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Nacional. El restante 15 por ciento entre 17 instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas. 

Esa distribución se hace en base al artículo 33 de la ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, modificado por la ley  196-11, del año 2011, para cambiar la forma de repartir esos fondos. 

A partir de esa reforma, se estableció que con los bienes, productos o instrumentos decomisados que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la sociedad, se procederá de la manera siguiente:  25% se entregará a la DNCD, 25% al CND, 25% a la PGR, 10% a la Policía y 15% a organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la regeneración de adictos. 

Un informe suministrado por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos indica que de un total de RD$688,659,907.73 que fueron obtenidos por ese concepto entre  junio del 2007 hasta julio del 2016, la suma de RD$578,205,903.04 se repartió entre las cuatro instituciones públicas responsables de la persecución y la prevención, mientras que RD$110,453,004.69 entre las 17 organizaciones sin fines de lucro que brindan atención a personas adictas a las drogas.  

La DNCD recibió RD$222,727,653. 88; el CND, RD$198,713,088.66; la Procuraduría, RD$99,646,004.13 y la Policía, RD$57,120,156.37, correspondiente al 85 por ciento. 

Mientras,  el 15 por ciento que la ley dispone sea entregado a entidades sin fines de lucro fueron repartidos de la siguiente manera: Hogar Crea Dominicano RD$18,056,939.55;  Hogar Crea Internacional, RD$16, 156,204.75; Mesón de Dios, Inc. RD$ 15.206,168.68; FundaciÚn Fénix, RD$12,355,027.80; Casa Abierta, RD$ 12,355,027.80; Reto a la Juventud, RD$11,404,640.62; Ascayd y la Fe, RD$9,503,866. 

Los recursos restantes correspondientes a las ONG fueron distribuidos entre las entidades Niños del Camino, Ministerio Evangelístico  Juan 3:16, FundaciÚn Remar, Casa del Alfarero, Ministerio EvangelÏstico Rescatados del Lodo, fundación Ciudades de Refugio, Cristo Transforma, Fundación Albergue de Esperanza, Hogar Nueva Vida y DesafÏo Juvenil, que recibieron cada una montos que oscilan entre RD$180,000 y RD$3.3 millones.  

Los valores fueron obtenidos por la venta de bienes muebles e inmuebles, entre ellos, apartamentos y casas, fincas, factoría de arroz, carros, yipetas,  prendas y del decomiso de dinero en efectivo. Además, por intereses generados por concepto de la venta de bienes incautados a acusados de narcotráfico, pero que todavía no han sido objeto de decomiso mediante sentencia de un tribunal. 

La ley 72-02 sobre lavado de activos define el decomiso o confiscación como la privación, con carácter definitivo, de algún bien por decisión de un tribunal competente. Mientras, la incautación o inmovilización de fondos consiste, según esa misma ley, en  la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente. 

Bienes subastados 

Entre los bienes decomisados y vendidos en pública subasta figuran los del caso Quirino Ernesto Paulino Castillo, en el  2011, 2012 y 2013, así como los de  Sobeida Félix Morel, de la red de José David Figueroa Agosto, en el 2011 y 2012.

Igualmente, los decomisados en el año 2011 por el caso de Manuel Mesa Beltré (El Gringo), a los hermanos Zapata Molett, y a otros condenados en el Distrito Nacional, La Romana, Peravia y La Altagracia.

Modificaciones y proyecto

La ley 72-02 sobre lavado de activos fue reformada en el 2011, específicamente el artículo 33, para incluir como beneficiarias de esos fondos a la PGR y a la Policía Nacional. 

La Procuraduría y la Policía  comenzaron a percibir los fondos a partir del año 2011, luego de la modificación de la ley 72-02, que las incluyó en la repartición de los valores, a través de la ley  196-11, del 3 de agosto del 2011.  

Antes de la modificación de esa legislación, los recursos eran distribuidos 50 por ciento para la DNCD; 35 por ciento para el CND y 15 por ciento para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos en el país.

El proyecto de reforma a la ley sobre lavado de activos que recientemente sometió al Congreso Nacional el presidente Danilo Medina deja vigente los artículos 14, 15, 16, 17 y  33 de la ley, referentes a la venta y distribución de los valores por concepto de bienes incautados y decomisados.  

El proyecto establece, en una disposición transitoria, que esos artículos permanecerán vigentes hasta tanto se dicte la ley sobre administración y disposición de bienes incautados, decomisados y abandonados, previsto en el artículo 51, numeral 6, de la Constitución. 

Ese texto constitucional dice que: “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”.  Esa ley  aún no ha sido aprobada.

2016

14.5 MM REPARTO.

En el 2016, fueron entregados valores por un monto de RD$14,576,904, por el decomiso de dinero y bienes a varios condenados por narcotráfico en La Romana.

2015

89.1 MM

DISTRIBUCIÓN. En año 2015, la suma distribuida ascendió a RD$89,132,814.39 pesos, por decomiso de dinero ocupado a imputados en el Distrito Nacional y la provincia Peravia.  

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