Dos sociólogos consultados por Diario Libre coinciden en ese planteamiento, y brindan desde sus perspectivas, un breve análisis sobre las posibilidades de que en casos como el de Odebrecht, el de las ventas irregulares de tierras en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), las comisiones para cubicación de obras en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) o el pago de sobornos en la compra de los ocho aviones Súper Tucano, haya sanciones reales y contundentes.

—¿Qué cree que puede pasar con el caso de Odebrecht en los tribunales?

Iván Ogando: En realidad es difícil anticipar lo que podría pasar en los tribunales, pues no conocemos todos los elementos surgidos de las investigaciones del Ministerio Público. De todas formas, pienso que es contraproducente hacer juicios sobre lo que pasará a partir de especulaciones, emociones o percepciones generalizadas. Lo que sí podemos esperar y exigir como sociedad, es que los procedimientos sean correctamente instrumentados y que se respete el debido proceso.

César Cuello: Con respecto a la acción de los tribunales del país, es muy poco lo que se puede esperar, pues aunque aparezca uno u otro juez que actúe a favor de castigar a los culpables, no hay que olvidar que los altos tribunales están regidos por jueces afines al partido de gobierno, que será aprovechado para intentar echar atrás cualquier medida contra los corruptos.

—¿Cómo podría reaccionar la población si no se producen las sanciones esperadas?

I.O.: En nuestro país, lamentablemente la corrupción ha sido tradicionalmente vista como algo cotidiano y hasta con cierta resignación. Sin embargo, la magnitud y la condición de extraterritorialidad de los principales casos que están sobre el tapete, han provocado un sentimiento de indignación y de repudio contra la corrupción como no lo habíamos visto antes. Y ya era tiempo de que así fuera. No se puede subestimar ese sentimient,o y debe haber una respuesta desde todos los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo del Judicial. De no haber una conclusión transparente, confiable y convincente de los procesos judiciales y extrajudiciales que se lleven a cabo, pienso que podríamos ver un rechazo social generalizado que tendría negativas repercusiones políticas muy significativas en el país.

C.C.: Las fuertes medidas que se han tomado en otros países contra los involucrados en el caso Odebrecht estimulan a los sectores anticorrupción del país, por lo que el desenlace final aún no está claro. La presión y movilización ciudadana van a ser determinantes, pues, ya a mucha gente se le cayó la venda, se ha indignado y está protestando y demandando el fin de la impunidad.

Para la sociedad, el destape del escándalo de Odebrecht ha sido la gran oportunidad para ver clara la magnitud que han alcanzado la corrupción y la impunidad en el país. Asimismo, ha ayudado a que se le caiga la venda de los ojos a aquellos que veían al presidente Danilo Medina cómo inmune a los efectos de la corrupción, y ahora será muy difícil que el Presidente pueda convencer a la ciudadanía de que él nada tiene que ver con esos casos.

—De continuar la impunidad ¿qué pasaría a nivel social, cree que el país llegue a mayores niveles de descomposición?

I. O.: La impunidad es peor que la corrupción. Todas las sociedades tienen niveles de corrupción en mayor o menor medida, independientemente de todos los controles y leyes que puedan existir. La impunidad nunca debe ser una opción, pues corroe el tejido social promoviendo la desigualdad, la inseguridad, la desconfianza. Es una forma de violencia moralmente desgarradora. Erosiona la credibilidad en las instituciones con consecuencias económicas tangibles y sobre esa base, ningún país puede alcanzar el desarrollo sostenible y equitativo necesario para elevar los niveles de vida de su población.

C.C.: De continuar la impunidad, veremos mayores niveles de participación ciudadana y probablemente, formas inéditas de protesta y participación aparecerán en los próximos meses. Sin embargo, hay que tener claro que la impunidad es el mayor estímulo para la corrupción, y de no pasar nada, es seguro que ello estimulará a otros o a los mismos corruptos a continuar cometiendo nuevos actos de corrupción. Si esto pasa, obviamente que la credibilidad del gobierno seguirá deteriorándose y particularmente la del presidente Medina, lo que significa que el costo político de no hacer nada contundente contra la corrupción será muy alto para el gobierno y su partido.

—En otros países, el caso Odebrecht se ha llevado a funcionarios de alto puesto, ¿cree que ocurrirá lo mismo aquí, que hay condiciones para ello?

I. O.: Mira, cada país tiene sus propias especificidades. No tengo elementos para predecir cuál será el alcance que podrá tener en nuestro país, pero las condiciones necesarias para garantizar que haya un manejo exhaustivo y eficiente del expediente de Odebrecht es que el Ministerio Público y las demás instancias involucradas, puedan tener la capacidad, la independencia y la voluntad política que se requieren para llevar de manera transparente e inobjetable un proceso judicial que ya ha despertado mucha pasión y expectativas.

C.C.: No creo que en estos momentos haya condiciones para que caigan altos funcionarios por el caso Odebrecht y mucho menos el Presidente. Esto debido, al monopolio de los poderes del Estado en manos del partido de gobierno. Sin embargo, esto es ahora, porque eso puede cambiar de acuerdo al aumento de la presión internacional y desde luego, la de los sectores nacionales indignados con la corrupción y la impunidad.

“Se hace necesario que se ganen la confianza de la población en un contexto donde predomina un alto nivel de escepticismo”Iván OgandoSociólogo