La institución que ha sido objeto de críticas, incluso desde el propio Gobierno, por su falta de transparencia y sus “crónicas” debilidades institucionales, informó, además, que recibió ingresos por de RD$3,961,560.00 por concepto de titulación de terrenos.

Los datos recogidos en las memorias ejecutivas correspondientes al año 2016, dan cuenta, además, de que el CEA desembolsó RD$548. 2 millones en nómina y RD$120.9 millones en “Otros Gastos de Personal”.

A raíz del escándalo que desencadenó la muerte de tres personas por la venta de unos terrenos en San Pedro de Macorís, la comisión encabezada por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo recomendó iniciar un proceso de “profundos cambios que esta institución requiere para superar las debilidades institucionales y gerenciales crónicas que la afectan”.

Dicho informe aconseja, asimismo, “una depuración rigurosa de la nómina del CEA” a cargo de la Contraloría General de la República, con el objetivo de que “la misma pueda ser saneada y llevada a niveles razonables”.

El reporte de la comisión, presidida por el consultor jurídico Flavio Darío Espinal, recomienda también la pertinencia de rescindir los contratos de ventas de terrenos que aún no hayan sido formalizados, así como una extensión del plazo para que la Comisión Evaluadora de los Terrenos del CEA concluya el inventario sobre la situación de los terrenos de esa institución, acusada por sus “innumerables deficiencias gerenciales”.

Para el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa, el proceso de capitalización del CEA y la inmobiliaria han constituido el “descuartizamiento” de los terrenos del Estado por la venta acelerada a particulares.

“Lo grave de esto es que tienen un común denominador y esa falta de transparencia se refleja en que no es claro quiénes son las personas beneficiarias”, explica De la Rosa. Analiza que parte del problema es que quienes obtienen los terrenos por lo general son funcionarios, militares de alto rango, políticos y empresarios que compran grandes extensiones de tierra “a precios irrisorios”.

Denuncia que el problema se profundiza en algunos casos en que el Gobierno ha tenido que comprar, por altas sumas de dinero, terrenos que le han pertenecido, luego de haber sido vendidos, para la política de construcción de escuelas. “Lo que es una aberración”, critica De la Rosa, profesor de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Agrega que ha solicitado al CEA una relación de las ventas de terrenos a particulares que ha realizado el CEA, porque no figuran, al igual que el documento de las memorias de 2016, los detalles de las transacciones.

Pasado

El CEA fue creado en 1966 por el entonces presidente Joaquín Balaguer con el propósito de administrar los 12 ingenios de propiedad estatal que estaban agrupados en la Corporación Azucarera Dominicana.

Dichos ingenios fueron Río Haina, Porvenir, Santa Fe, Quisqueya, Catarey, Esperanza, Monte Llano, Amistad, Barahona, Ozama, Boca Chica y Consuelo.

En la década de los 90, comenzó una fase de transformación que incluyó el arrendamiento de los ingenios, y luego pasó a una especie de inmobiliaria estatal dedicada a la venta o arrendamiento de esos terrenos.

(DiarioLibre)