La disposición fue confirmada a la AFP por una fuente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat). Según detalló el viernes el portal de investigación Ojo-Público, el Código Tributario permite tomar esta decisión cuando el comportamiento del deudor permite presumir que la cobranza será infructuosa o cuando puede ocultar sus activos o falsear su contabilidad.

La medida se adopta mientras se desarrollan las investigaciones del Ministerio Público. Debido a la magnitud de la firma, que se instaló en Perú en 1979, la Sunat la tiene en la lista de principales contributentes en Perú.

De acuerdo con Ojo-Público, el monto total del embargo a todas las compañías brasileñas implicadas en pago de sobornos a cambio de obras en Perú, caso conocido como “Lava Jato”, asciende a unos 75 millones de dólares.

El embargo a Odebrecht se aplicó a terrenos que posee en el norte de Perú, donde la firma desarrolla un proyecto de irrigación.

En tanto, la Procuraduría que investiga el caso de ‘Lava Jato’ informó que ha solicitado ante la justicia una reparación civil provisional de 200 millones de soles (unos 60 millones de dólares) por los casos de pago de sobornos reconocidos por Odebrecht, a funcionarios de distintos gobiernos del Perú. El pago sería solidario, es decir, cubierto por todos los implicados.

En diciembre pasado, Odebrecht reconoció ante la justicia de Estados Unidos el pago de sobornos en Perú por 29 millones de dólares entre el 2005 y el 2014, para ganar obras públicas. Esto implica a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo, quien se encontraría en Estados Unidos, es acusado de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht y Perú tramita su extradición. Hasta ahora hay tres exfuncionarios del gobierno de Alan García en prisión por supuestamente aceptar un soborno de 7 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con la obra de la Línea 1 del Metro de Lima.

Humala y su esposa Nadine Heredia, quienes cuentan con restricciones para salir del país, están siendo investigados por lavado de activos por financiar presuntamente su campaña electoral con dinero procedente de Venezuela.