La Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet) y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago (Ametrasan) pasarían a formar parte de la nueva Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que dependerá de la Policía Nacional.
La nueva ley, aprobada el pasado viernes en la Cámara de Diputados, autoría de Tobías Crespo, señala que a partir de los 6 meses de su entrada en vigencia, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) pasarán a ser empresas públicas, o mixtas con participación del sector privado. “El Poder Ejecutivo emitirá los decretos para su transformación institucional, administrativa, técnica y operativa”, dice la legislación.
Esas dos instituciones pasarán a ser reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privadas “prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviario respectivamente”.
Las instituciones que se fusionan en el Intrant lo harán con su personal, equipos, bienes muebles e inmuebles, derechos, registros, créditos, obligaciones y presupuestos de las dependencias que lo adelante lo integrarán.
Con el paso de la Amet y INAmetrasan a la nueva Digesett, también lo harán los equipos, bienes muebles e inmuebles, derechos, registros, personal, créditos, obligaciones y presupuestos, oficinas y departamentos. “De ser necesario, el Poder Ejecutivo modificará la estructura orgánico funcional de otros órganos de la administración pública con el objeto de armonizar las funciones administrativas de las dependencias que los integran con las asignadas a INTRANT”, dice el artículo 358 de la nueva ley. “Creando, suprimiendo o readecuando las áreas necesarias a fin de evitar superposición, solapamiento o duplicidad de competencias”, señala el referido artículo.
Orden en transporte
Con la aprobación de este proyecto, el Estado intenta poner orden en el transporte público, eliminando la maraña de instituciones que sobre un mismo tema y funciones fueron creadas con el paso de los años. Ayer el diputado proponente de la legislación, Tobías Crespo, reconocía todo el tiempo que había pasado desde su primera presentación, perimiendo en algunas legislaturas por la falta de conocimiento en alguna de las dos cámaras legislativas.
El Intrant, la primera de los tres bloques a modificar, será una institución descentralizada, con autonomía administrativa y adscrita al ministerio de Obras Públicas.
Mientras que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) será una dependencia de la Policía Nacional, y se crea como una dirección técnica y especializada “que operará conforme a las políticas que establezca el Ministerio de Interior y Policía y el INTRANT”.
(+) SERVICIO PÚBLICO Y DE INTERÉS PÚBLICO
Otra de las creaciones de la nueva ley es la Escuela Nacional de Educación Vial (Enevial) como una dependencia del Intrant, que tendrá un director designado por el Consejo de Dirección del Intrant, que lo seleccionará por dos años de una terna presentada por el director del Intrant.
“El transporte público terrestre de pasajeros será considerado un servicio público y de interés público, regulado y gestionado por el Estado a través del Intrant y los ayuntamientos”, indica la nueva ley, ahora a la espera de su promulgación.
La aprobación de la ley también llega meses después de que el Tribunal Superior Administrativo emitiera una sentencia que ordena al Estado dominicano a evitar el monopolio en el transporte en el país, un reclamo que sostuvo el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contra los sindicatos de transporte público. La motivación de los empresarios se produjo para romper el llamado monopolio en el transporte de cargas desde los muelles del país, hasta el momento de la sentencia de uso exclusivo por la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado).
Los empresarios tienen interés en invertir en el transporte de carga y en el de público de pasajeros. Entre las penalizaciones que incluye la nueva legislación está que los conductores que violen la ley serán castigados con multas desde uno hasta 20 salarios mínimos; y los que provoquen incidentes lamentables de manera imprudente se le podrá cancelar la licencia de conducir desde uno a cinco años, o reducirle de puntos al chofer por incurrir en violaciones.
Además, se señala que los conductores del trasporte de pasajeros urbano e interurbano estarán sujetos a exigencia de calidad y no podrán abordar pasajeros que no estén en las paradas establecidas por las autoridades.
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