Aprobada la ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial dirigentes del sector transporte se mostraron a favor y en contra de la normativa que establecerá unas nuevas pautas sobre el uso de las vías, tanto para ciudadanos como para las empresas.
Para el presidente de la Confederación Nacional del Transporte (CONATRA) la nueva ley garantiza la inversión de los empresarios de este sector vital y a dar seguridad a un servicio que antes no existía.
“Esta ley ha venido a llenar un espacio”, afirmó el dirigente y empresario del transporte de autobuses, quien entiende que con la nueva normativa los choferes podrían tener la oportunidad de manejar sus unidades y convertirse en socios de las distintas compañías a través de una fórmula que él mismo plantea.
Marte recordó que en la Reforma Fiscal de 2012, se aprobó un impuesto adicional de RD$ 2. 00 por galón al consumo de gasolina y gasoil cuya recaudación, según el artículo 20 de dicha ley, sería asignada al Presupuesto General del Estado y cuya utilización estaría bajo el Ministerio de la Presidencia.
En dicha ley, se estableció que el 25 por ciento de estos ingresos “deberá ser utilizado exclusivamente para el programa de renovación vehicular de transporte público de pasajeros y de carga”, mientras el resto será utilizado para el desarrollo vial.
Marte plantea que a cada chofer se le asignen US$ 8,000 “por el derecho de la ruta adquirida que tenía veinte o treinta años” y que este a su vez pueda comprarse un vehículo nuevo, asociarse a una empresa o retirarse con su dinero.
Otra alternativa, que propone el empresario del transporte, es que se creen varias empresas donde los choferes participen como accionistas.
Del otro lado, el presidente de la Federación Nacional de Motoconchista (FENAMOTO), Oscar Almánzar, pidió que el Gobierno reciba a los representantes de esta organización como supuestamente se han recibido a los miembros de otras agrupaciones sindicales y empresariales.
Sobre las limitaciones que dispone la ley para el transporte en motoconcho de no más de dos personas y a partir de los ocho años de edad, Almánzar cuestiona la capacidad que tiene el Estado para movilizar a aquellas personas que no tienen la capacidad de pagar un transporte regular y que usan a los motoristas para enviar a sus hijos a la escuela.
“Hemos dicho claro, los dos cascos lo que van a hacer es convertir a República Dominicana en un Colombia y en un Venezuela que aquí se van a asaltar con dos cascos protectores”, vaticinó el presidente de Fenamoto, sobre otra de las regulaciones que establece la nueva ley que aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo.
Explicó que dentro de los que utilizan las motocicletas como transporte hay cuatro sectores: los deliverys, los mensajeros, los motoconchistas y los de uso particular.
“A veces somos la ambulancia de los barrios”, apuntó Almánzar, sobre la pertinencia de que el presidente Danilo Medina se les tome en cuenta para presentarle varias “propuestas concretas” sobre estos aspectos.
No habrá problemas con rutas de carros
El presidente de la Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (MOCHOTRAN), Alfredo Pulinario “Cambita”, afirma estar de acuerdo con la ley y cree que esta nueva normativa viene a regular el comportamiento de todos los actores del sector transporte.
Sin embargo, pide que a los choferes que tienen 30 ó 40 años no sean desplazados, sino que puedan insertarse dentro del nuevo orden o les sean otorgadas pensiones a aquellos que pasan de los 60 años de edad.
Mochotran opera en 123 rutas de carros públicos y autobuses de Santo Domingo a través de vías como la San Vicente de Paúl, la Nicolás de Ovando, la Duarte, la Sabana Larga, la Venezuela y otros destinos.
Pulinario recomienda además que se regulen los puestos de vendedores buhoneros en las calles para que puedan funcionar de manera eficiente las estaciones de abordaje del transporte público que deberán establecerse.
Aclara que la antigua ley 241, también disponía la utilización apropiada de los vehículos livianos según las disposiciones del fabricante por lo que cree que no habrá problemas con la nueva legislación que fija en un máximo de 5 personas, incluido el chofer, la cantidad permitida en el transporte público.
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