Con esta normativa se logra “delimitar algunas zonas grises o brechas que podían dar lugar a irregularidades que no están de acuerdo con el espíritu de las normas establecidas”, según expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
Asimismo Montalvo dijo que “Este decreto servirá para cerrar esas brechas y asegurar que todos los órganos públicos realicen los procesos con transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia. A partir de ahora las obras y las contrataciones se ejecutarán solo cuando haya fondos aprobados y contratos en regla”.
Entre otras disposiciones establecidas, destaca que el decreto obliga a las entidades del Gobierno a certificar la disponibilidad de fondos, antes de un proceso de compra.
Según establece la disposición presidencial, previo a realizar cualquier proceso de compra o contratación, cada organismo debe obtener un certificado de la Dirección General de Presupuesto donde avale que dichos fondos estén presupuestados para realizar esa transacción, y antes de cerrar el contrato de compra, debe obtener otro certificado que garantice la disponibilidad de fondos para tales fines.
“Este mecanismo permitirá un mejor manejo administrativo y financiero de cada organismo, mejorando la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas del conjunto del Estado y el control del déficit presupuestario”, declaró el ministro Montalvo.
(NoticiasSIN)
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