El acuerdo establece el pago del doble de la suma de 92 millones de dólares que la empresa admitió haber pagado como sobornos en el país, cantidad que fue negociada tomando como referencia la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión. De inmediato surgieron reacciones encontradas sobre el proceso.

El Procurador General Jean Alain Rodríguez dijo que la firma del acuerdo económico no detendrá las investigaciones de sobornos en el país, por lo que firmó una cláusula de cooperación dentro del convenio que obliga a Odebrecht a entregar información del caso al Ministerio Público Dominicano.

El acuerdo también establece que la empresa y sus empleados directos continuarán siendo procesados en la jurisdicción brasileña, donde su principal funcionario, Marcelo Odebrecht, se encuentra cumpliendo una condena de 19 años de prisión. Sin embargo quedan completamente fuera del alcance del convenio y podrán ser objeto de persecución penal todas las sociedades que no sean parte del grupo económico de Odebrecht, así como también los representantes comerciales, comisionistas, agentes, intermediarios, empresarios, funcionarios públicos y demás terceros involucrados en los hechos admitidos por la constructora brasileña.

Como consecuencia de este compromiso, el Ministerio Público solicitará el levantamiento de las medidas cautelares que había solicitado contra la empresa, incluyendo la solicitud de inhabilitación temporal ante la Dirección General de Contrataciones Públicas, lo que indica que podría Odebrecht podrá seguir operando en el país en un plazo aproximado de 12 a 24 meses.

Sin embargo El Ministerio Público ha exigido a Odebrecht aplicar en la filial dominicana de la compañía las mismas medidas de fortalecimiento de la ética, gobierno corporativo, integridad y transparencia pactadas en el Acuerdo de Lenidad firmado con Brasil, Estados Unidos y Suiza, países donde también se le permitirá operar de manera condicionada. La legalidad del acuerdo firmado con Odebrecht se fundamenta en el Artículo 2 del Código Procesal Penal.

Los juristas se quejaron porque la Procuraduría no pudo ofrecer mayores detalles del acuerdo.

(NoticiasSIN)