El propio presidente de ese país, Juan Carlos Varela, se pronunció sobre el caso, y anunció que se querellaría contra la empresa brasileña por la forma en que se manejaron los contratos de las obras que ejecutó en gobiernos anteriores al suyo.

A las acciones de Panamá, anteceden las de Perú, donde dos personas guardan prisión y hay orden de arresto para otras tres, por supuestamente recibir dinero de Odebrecht para la adjudicación de la construcción del Metro de Lima. Entre los que tienen orden de arresto se encuentra Jorge Luis Cuba Hidalgo, exgerente general del Instituto Metropolitano Pro Transporte de Lima.

Ambos países forman parte de los 11 en los que Odebrecht pagó unos US$788 millones en sobornos, conforme el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La República Dominicana es otro en la lista, con un monto de US$92 millones en sobornos, y donde las acciones de investigación ya concluyeron la primera fase, por lo menos, de los interrogatorios, anunció el jueves la Procuraduría General de la República.

Aunque hace una semana, el procurador Jean Alain Rodríguez anunció un acuerdo con la empresa, que se habría comprometido a pagar US$184 millones por los sobornos, y ha tomado declaración o interrogado a una veintena de funcionarios y exfuncionarios, sus acciones todavía no convencen a una buena parte de la población.

“Nosotros no creemos en el proceso que lleva la Procuraduría General de la República. Evidentemente que se trata de un elemento de distracción y de ganar tiempo”, comenta María Teresa Cabrera, una de las organizadoras de la “Marcha contra la Impunidad”, que el pasado domingo 22 de enero reunió a miles de dominicanos que caminaron pidiendo sanciones para los implicados en el caso Odebrecht.

Cabrera entiende que la manera en cómo se ha llevado el proceso de investigación no genera confianza, y pone de ejemplo la comisión que nombró el Poder Ejecutivo para investigar el contrato de las plantas a carbón de Punta Catalina, a la que se cuestiona la calidad de algunos de sus integrantes.

También critica la forma en cómo se llama a entrevistar a exfuncionarios y los allanamientos. “Se hacen luego de haber hablado con ellos, y de que tuvieran tiempo suficiente para esconder o guardar documentos que pudieran ser importantes para la investigación”. Cabrera se refiere al allanamiento que el pasado 18 de enero realizó la Procuraduría a las oficinas de Odebrecht, luego de haberse cumplido el plazo de tres días que dio para presentar documentos, tras un interrogatorio al representante de la empresa en el país, Marcelo Hofke.

En ese interrogatorio, Hofke habría señalado el nombre del empresario Ángel Rondón como la persona a la que se le entregó los US$92 millones para el soborno, pero Rondón alega que recibió el dinero por sus servicios como representante comercial de Odebrecht en el país.

Rondón fue señalado, además, por ejecutivos bancarios de Odebrecht, como uno de los dominicanos que manejó cuentas que eran alimentadas por esa empresa. Esos delatores mencionaron a unas cuatro personas como los que manejaban cuentas bancarias, de las que sólo fue interrogado por la Procuraduría el empresario Rondón.

Hasta el momento, no hay detenidos en el país por recibir los sobornos, y Cabrera entiende que, si existiera intención y voluntad política, ya debiera haber personas tras las rejas.

“Por eso nosotros insistimos en que la única garantía que tenemos de que haya una investigación seria, sanción y que se recupere el dinero robado al pueblo por la vía de los sobornos y de la sobrevaluación, es que el Estado dominicano solicite a las Naciones Unidas una comisión para investigar el caso, apelando a los convenios internacionales como han hecho otros países”.

Acciones en varios países

Además de Brasil, que inició las investigaciones en torno a Odebrecht, y donde se han emitido más de 80 condenas, en Colombia están bajo arresto un exviceministro de Transporte, y un exsenador por el caso de los sobornos. Guatemala nombró una “Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)”, que lleva el caso, y han salido los nombres de unos tres exministros. En Argentina, la justicia imputó al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, y en Venezuela se anunció que se dictó orden de arresto contra una persona que no se especificó.

(DiarioLibre)