La solicitud, fechada el 22 de diciembre, estaba dirigida en Brasilia a Ricardo Andrade Saadi, director del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de la Secretaría Nacional de Justicia, del ministerio de Justicia de Brasil.

En su comunicación, Rodríguez pedía a ese funcionario que le fuera “remitida formalmente toda información que revele actuaciones ilícitas relacionadas con la República Dominicana”.

Asimismo, requería cualquier información que diera “cuenta de la posible participación de personas físicas o jurídicas de nacionalidad dominicana o sometida a nuestra jurisdicción (la de RD), en los hallazgos de las investigaciones seguidas a la empresa Odebrecht y sus principales ejecutivos por prácticas corruptas y lavado de activos”.

Precisaba además, que “esta solicitud la formalizamos a los fines de determinar si en nuestro país a través del mecanismo utilizado por la empresa Odebrecht durante los años 2001-2014 se ha incurrido en infracciones de lavado de activos o corrupción”.

Entre medios y periodistas causó sorpresa y resultó inexplicable el sentido y objetivo que tendría la divulgación del texto de esta carta con tanta tardanza, cuando bien pudo ser dada a conocer en momentos en que la opinión pública pedía a la Procuraduría que requiriera tal información.

Ni en esa oportunidad y ahora coincidiendo con esta “filtración” la Procuraduría ha precisado la respuesta que obtuvo de parte de las autoridades brasileñas y el seguimiento que le habría dado a la citada solicitud.

(CDN)